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Los mexicanos que depositan sus recursos en países extranjeros representan una élite dentro de la élite, y la Secretaría de Hacienda pretende enfocar su mira hacia ellos. De acuerdo con cifras del año pasado, el monto que los mexicanos trasladaron al exterior asciende a más de 20 mil millones de dólares, aunque se estima que una cantidad mayor puede estar en paraísos fiscales.
En el paquete económico de 2016, el gobierno federal propuso regularizar los recursos que se mantienen fuera de México. La autoridad busca dos cosas: que esos recursos regresen y se destinen a inversiones productivas y, al mismo tiempo, verificar si ese dinero pagó los respectivos impuestos antes de salir.
En medio de un panorama austero para el año próximo, en el que caerán los ingresos públicos —principalmente por la disminución del precio del petróleo—, se voltea a ver a los grandes capitales. Hasta ahora, en materia de recaudación, el gobierno ha tenido siempre una base fiscal cautiva en los trabajadores asalariados. Los potentados parecen pertenecer a un grupo privilegiado que no paga impuestos, ya sea que recurran a actos dentro de la ley o fuera de ella.
Aunque la autoridad descarta que el fin sea meramente recaudatorio, este debería ser el objetivo principal, por cuestión de equidad fiscal y por la incertidumbre que se vislumbra para 2016.
Para obtener datos precisos de los llamados capitales golondrinos, el gobierno recurrirá a la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés), un acuerdo de intercambio de información de México con 50 países. La propuesta plantea dar seis meses a los mexicanos con cuentas en el extranjero; en ese periodo podrán regularizar su situación, sin pagar multas o recargos. Los contribuyentes tienen la obligación de pagar impuestos en el país por la totalidad de sus rentas mundiales.
Una de las principales herramientas que deben utilizarse para que los capitales no abandonen el país es la generación de confianza. A pesar de que la inflación está bajo control y ya no se presentan las traumáticas crisis por devaluaciones del peso, los grandes inversionistas mexicanos prefieren colocar a mejor resguardo su dinero. Para convencerlos de que sus recursos estarán seguros en el país se requerirá algo más que un perdón fiscal.
En 2016 el gobierno debe enviar señales de que habrá un manejo acertado de la economía, ante la menor entrada de ingresos. Con el correcto ejercicio del presupuesto, la confianza no crecerá sólo en los grandes capitales, sino en la sociedad en general.
