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El riesgo de que entre candidatos a diversos puestos de elección popular, o entre quienes conforman los gabinetes de gobiernos estatales y federal, haya vínculos con integrantes del crimen organizado está siempre latente.
En periodos electorales los partidos políticos han solicitado a la Procuraduría General de la República revisar los perfiles de aquellos a quienes postulan para algún cargo, aunque en sentido estricto debería ser el objetivo principal de los partidos y éstos asumir la responsabilidad de sus designaciones y de su posterior desempeño.
Para los funcionarios que se encuentran en puestos de confianza las revisiones periódicas a su labor no tendrían que ser algo extraño, sino una práctica normal y rutinaria. En teoría, para eso están las contralorías estatales y federal, y con ese motivo existen leyes de responsabilidades administrativas que deben acatar los funcionarios.
También se cuenta con mecanismos federales y estatales, pero en los hechos no están dando los resultados esperados: desde los órganos internos de control en las distintas dependencias hasta las auditorías superiores. Contar con autonomía y que sus decisiones se acaten deben ser condiciones necesarias para comenzar a cambiar el rostro de la administración pública en el país.
Ayer se conoció que el procurador de Nayarit fue detenido el lunes en Estados Unidos —por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza—, luego de la orden de un juez de ese país para que responda a acusaciones de tráfico de drogas.
No es el primer caso. En México, antes que él, se han conocido las situaciones de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y de nexos con bandas criminales, y el de Julio César Godoy, que intentó asumir como diputado para no tener que rendir cuenta de señalamientos sobre presuntos vínculos con la delincuencia organizada; hasta ahora se encuentra en calidad de prófugo.
Los casos mencionados son de los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal. Lo cual es un indicativo de que se tiene que mejorar en los tres ámbitos.
La eliminación del fuero a legisladores también puede contribuir a terminar con el mal uso de esa figura, que llega a utilizarse como protección para violar la ley sin ser molestados.
La población requiere ser gobernada por aquellos que tengan como objetivo el desarrollo de la población y no la utilización de cualquier puesto público para el beneficio personal. El país no puede permitirse más casos de malos funcionarios que nunca rinden cuentas a la justicia, principalmente quienes desempeñan tareas de seguridad.
