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Como parte de sus innumerables implicaciones negativas, la segunda fuga de El Chapo Guzmán lo ha convertido en un siniestro “personaje de culto” a nivel global. Este es un hecho ciertamente lamentable, pero difícilmente cuestionable ante las innumerables expresiones que lo describen como un habilidoso líder de una gran organización mafiosa. Así, para la mirada experta de muchos, El Chapo Guzmán, adentro o afuera de la prisión, dirige a una auténtica empresa delictiva multinacional que valoran en miles de millones de dólares.
En este sentido, destacadamente, Roberto Saviano, en el artículo El Chapo: la fuga de un mafioso, publicado recientemente en EL UNIVERSAL, indicaba que la complejidad interna de El Cártel de Sinaloa —la que se refleja por su estructura capaz de tener reglas y jerarquías— responde justamente a estrategias económicas que convierten a los cárteles mexicanos en indiscutibles organizaciones mafiosas.
Tristemente este preocupante escenario nos ubica en una difícil situación, de la que son prueba cotidiana los medios informativos, las redes sociales y los corrillos vecinales. Concretamente la problemática radica en intentar ensalzar, directa o indirectamente, la supuesta presencia de un “falso liderazgo” que se posiciona frente a propios y ajenos como una solución efectiva para resolver la dura condición socioeconómica y la innegable privación en materia de desarrollo por la que atraviesa gran parte de nuestra población más desfavorecida.
Al respecto, debe recordarse que la mafia italiana desde sus primeros orígenes, que tuvieron lugar antes de su relación con los funcionaros públicos corruptos que la caracterizó durante el siglo XX, obtuvo su primer apoyo de las clases sociales desamparadas, como una forma de vida que buscó proteger a la familia y a los seres queridos de la injusticia de los poderosos y del gobierno.
Precisamente esa insidiosa forma de “engañosa legitimación” ha sido utilizada con gran éxito por parte de El Cartel de Sinaloa, ya desde sus centenarias raíces en la fecunda sierra que ha producido opio y marihuana por medio de hombres y mujeres sencillos, quienes —voluntariamente o no— han contribuido y contribuyen hoy por hoy a crear la primera organización criminal del país.
Lamentablemente, las peligrosas consecuencias de no actuar ante esa “mentirosa solidaridad” son variadas, perversas y costosas, tal como lo demostró la dolorosa experiencia italiana, donde la Cosa Nostra o Nuestra Cosa se convirtió en un dificilísimo rompecabezas para la autoridad, que se topó ante un círculo vicioso, pues la mafia tenía sus entrañas en la propia población, la que era víctima y beneficiaria a la vez de su execrable actividad criminal.
¡El Estado y la sociedad mexicana no deben quedar impasibles ante ese mismo riesgo! Es decir, no se puede permitir, por absolutamente nadie que —por ejemplo— robar, traficar, secuestrar o matar por parte del crimen organizado se convierta en la falsa alternativa de solución para millones de jóvenes mexicanos que se enfrentan ante la retadora tarea de formarse un porvenir viable y digno.
Tampoco se puede tolerar, por mínima sensatez, cordura y responsabilidad, que se reconozca que la actividad ilegal del enemigo público número uno, como lo es Guzmán Loera, se utilice como referencia, puerta o modelo para la pretendida generación de cualquier tipo de desarrollo económico, ya sea local, nacional o incluso trasnacional.
Quienquiera que sea congruente ante sí y ante los demás sólo debería defender esta ecuánime realidad: lo único que distingue a El Chapo Guzmán como persona o individuo, es que se trata de un detestable hombre sin escrúpulos que desprecia profundamente a la vida, a la sociedad y a la ley, ya que su actividad reside esencialmente en lastimar la integridad, la salud y el patrimonio de los semejantes, sean de Sinaloa, de México o del mundo entero.
En suma, aplaudir, fomentar o consolidar la idea del Chapo Nostro en la cultura popular es un mal negocio, es una apuesta sin sentido y es —ante todo— un salto hacia el vacío. Lo único que es viable es exigir la responsabilidad compartida entre el gobierno y la sociedad para cerrar el paso a estos delincuentes de gran poder corruptor, que por igual dañan a todas las capas sociales y al Estado mismo.
Consejero de la Judicatura Federal de 2009 a 2014