El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) votó ayer los dictámenes y proyectos de resolución sobre la fiscalización de las campañas electorales. Así, menos de mes y medio después de la celebración de la jornada electoral del 7 de junio se concluye la fiscalización cuando en el pasado primero se calificaban las elecciones, tomaban posesión los cargos electos y luego se conocían los resultados de la fiscalización. Eso ha cambiado diametralmente.
Los dictámenes que atendió el INE involucran a 13 mil 550 candidatos, 2 mil 667 federales y 10 mil 883 locales.
En el Sistema Integral de Fiscalización, los partidos políticos cargaron un millón 69 mil 092 operaciones de ingresos y egresos. En el campo, el INE identificó 40 mil 066 testigos, de los cuales 15 mil 966 no fueron reportados por los partidos políticos; es decir, ante la omisión de los actores políticos de informar con plena veracidad, fue el ojo fiscalizador de la autoridad el que detectó y documentó ese gasto, y lo sanciona.
En las 17 campañas, la federal y las 16 locales, el INE cuantificó ingresos por casi 2 mil 998 millones de pesos de los actores; mil 058 millones en las campañas federales y mil 930 millones en las locales. Los egresos ascienden a 3 mil 110 millones, de los que mil 050 son en la federal y 2 mil 060 en las locales.
Los dictámenes permiten acreditar que 90% de los recursos utilizados por los partidos, coaliciones, candidatos y candidatos independientes en las campañas federales tuvieron origen público; en las campañas locales, los recursos públicos representaron 82.2% de los ingresos de los actores políticos. Así, el financiamiento privado significa sólo una décima parte en las campañas federales y casi una quinta parte en las locales. Ello demuestra que la disposición constitucional de que prevalezca el financiamiento público sobre el privado se cumple.
Las sanciones ascienden a 392 millones de pesos; 131 en el ámbito federal y 261 en las elecciones locales. Si se toma el flujo total de dinero a y desde las campañas, es decir el monto acumulado de ingresos y de los gastos, las sanciones representan 6.43%. Es una buena noticia: los partidos y candidatos obtuvieron los recursos económicos para sus campañas en apego a la ley, y los gastaron en fines lícitos, previstos y permitidos.
Las faltas más frecuentes de los partidos políticos y candidatos consistieron en omitir registrar gastos y no comprobar gastos. Es decir, ahí donde se detectaron problemas fue en el egreso, no en el hecho de recibir dinero opaco o de entes prohibidos. Puede decirse que las campañas se financiaron con dinero limpio.
La no comprobación de gastos y la presentación de pólizas sin soporte documental implica sanciones agregadas por 179 millones de pesos, y el no reporte de gastos da un monto de sanción de 175 millones de pesos. En suma, la no comprobación de gastos y el no reporte de los mismos representan 90.4% del total de las sanciones.
Las sanciones a nivel federal dan un promedio de 11.1 millones de pesos por partido político, pero el Partido Verde, por sí solo, acumula sanciones por 60.9 millones de pesos, prácticamente la mitad (46.5%) del total de multas correspondientes a las campañas para renovar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Frente al sentido común y el discurso antipolítico, los datos objetivos permiten acreditar que en México los partidos políticos cumplen con sus obligaciones y rinden cuentas de los recursos que utilizan.
Consejero electoral del INE
@CiroMurayamaINE
