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Al igual que sucede en todo el mundo, en América Latina estamos atravesando un periodo de gran incertidumbre económica que repercute de manera particular en las niñas, niños y adolescentes e incrementa la desigualdad.
A nivel mundial se observa un aumento de la desigualdad, que se ha hecho especialmente visible en los últimos años, tras la crisis económica y financiera de 2008 y 2009. La desigualdad está creciendo a un ritmo alarmante y plantea un grave riesgo para el crecimiento económico, el combate a la pobreza y el bienestar social.
En un contexto así, la asignación presupuestaria más rentable y prioritaria es la que se hace de manera sostenida y progresiva en la infancia. Sólo de esa manera los países alcanzarán mejores estadios de crecimiento económico y bienestar social en el mediano y largo plazo.
Sabemos que una baja expectativa de crecimiento económico, una importante depreciación del tipo de cambio y una caída en los precios internacionales del petróleo tienen un impacto en las finanzas públicas de México.
Pero también debemos ser conscientes de que en contextos de desaceleración económica se requieren mayores esfuerzos para garantizar el acceso de todos los niños, niñas y adolescentes a la educación, a la salud, a la seguridad social, a una alimentación suficiente y saludable y, en concreto, a una vida digna.
En México viven casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes, de los cuales 21.4 millones (53.9%) están en pobreza; de ellos, 4.6 millones (11.5% del total), en pobreza extrema. Ésta es una realidad que debemos cambiar.
La infancia es uno de los sectores de la población más vulnerable a los ciclos económicos recesivos, es decir, sufrir pobreza en la infancia tiene efectos permanentes en la trayectoria de vida, los cuales son muchas veces irreversibles.
El primer Objetivo de Desarrollo Sostenible acordado por los países busca erradicar para el año 2030 la pobreza extrema global; es decir, lograr que ninguna persona en cualquier lugar subsista con menos de $1.90 al día.
De manera particular, la inversión en la primera infancia juega un papel crítico, ya que es una etapa en la que la protección integral de los derechos es decisiva para que los niños y niñas puedan alcanzar su máximo potencial.
Para lograrlo es necesario seguir impulsando acciones de política fiscal y económica para que las familias eleven su nivel de ingresos, de otra manera no será posible reducir los niveles de pobreza de la niñez.
México es un país moderno y tiene una gran fortaleza institucional que puede garantizar la protección y cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia.
México tiene ante sí la oportunidad de lograr un gran cambio en la vida de los niños, niñas y adolescentes con base en la ley General de Niñas, Niños y Adolescentes.
Pero si la nueva ley no se transforma en acciones reales, en protección de la infancia, en presupuesto adecuado, en mejor coordinación interinstitucional, en una mejor respuesta y restitución de derechos, pasará a la historia como una oportunidad perdida.
Representante de UNICEF en México
