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La Ciudad de México es síntesis de individuos y conglomerados que, en ejercicio pleno de los derechos humanos, muchos de ellos de última generación, exigen y merecen vivir en un clima de libertad y de igualdad de oportunidades para todos, de suerte que cada quien tenga posibilidad de realizar su proyecto de vida y ser feliz.
Con tal propósito estamos trabajando en el Constituyente de la Ciudad, para dotarla de una Constitución política edificante por su aportación a la comunidad e impecable en su conformación jurídica.
Edificante significa que sea incluyente; es decir, que los ciudadanos de todo nivel de ingreso económico, de cualquier zona de la Ciudad y sin diferencia por sus actividades sociales o políticas, merezca equitativa atención de las instituciones públicas de suerte que, al final, todos contemos con igualdad de circunstancias y oportunidades respecto a cualquier otro. Esto implica que la Constitución no sea “clasista”; y evitar orientarla a favor de ningún grupo social en particular pues, con un propósito aparente justiciero, podría terminar siendo profundamente injusta.
Es el caso de la propiedad privada que, definitiva e irrestrictamente, se debe respetar, sin detrimento de la propiedad social con la que, por supuesto, tiene que coexistir.
Cuando un bien inmueble incremente su valor, es decir, su plusvalía, como resultado de las mejoras realizadas por su propietario, del simple paso del tiempo, el mejoramiento del entorno, o la introducción o renovación de la infraestructura urbana, naturalmente ese valor adicional corresponde y debe corresponder a su propietario, si bien la colectividad puede beneficiarse también, como está previsto en la legislación vigente, ya sea al incrementar el impuesto predial por el aumento del valor catastral o por la vía del cobro de contribución de mejoras.
En tal sentido, no puede prosperar la propuesta que forma parte del proyecto presentado por el jefe de Gobierno y secundada por el partido político que le es afín y algún otro que, tratando este asunto con cierta superficialidad, han planteado despojar al propietario del valor de la plusvalía, para que sea el gobierno quien la detente. El planteamiento, como se advierte, es insostenible en un régimen democrático como el mexicano que debe alentar el ahorro, la inversión y la productividad, en el que la propiedad social y las medidas que eviten la desigualdad social ciertamente deben existir, mas no el perjuicio de la propiedad privada.
Impecable jurídicamente significa que además de ser sustantivamente correcta, la norma no entre en contradicción con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en conflicto con los tratados y convenciones internacionales de los que nuestro país forma parte. Que facilite la vida de los habitantes de la capital en general y fomente el florecimiento de las actividades económicas en particular y favorezca un crecimiento económico que beneficie a empresarios y trabajadores, siendo compatible con el mejoramiento del ambiente y la movilidad.
La tarea que estamos desarrollando en el Constituyente es ocasión propicia para conseguir que en el futuro próximo, la Ciudad de México sea, efectivamente, la ciudad de todos.
Coordinador de los diputados del PRI.
@ CCQ_PRI
