Gobierno de las voces múltiples, la democracia es permanente murmullo que por momentos llega a decibeles de escándalo, paradójicamente, en búsqueda de la armonía. Es movimiento perpetuo que, como la marea, a cada fluctuación logra arrastrar; es decir, interesar, involucrar activamente a cada vez más personas, hasta que, como se define a un régimen de gran intensidad democrática, algún día “un ciudadano represente una decisión”. Dicha intensidad es más evidente en el Poder Legislativo, donde las disputas hechas en público, son parte del diálogo republicano, que será benéfico para las personas, si quienes legislan son demócratas.
Esa será la tarea de diputados de la LXIII Legislatura que la próxima semana inicia sus quehaceres. En ella, los legisladores priístas estamos preparados para dar buenos resultados, asumiendo plenamente la responsabilidad que la voluntad popular nos asignó y la que la ley prevé en nuestro Estado democrático y republicano: la de legislar, sí; pero mucho más: revisar la actuación del gobierno en su conjunto así como a toda persona física o moral que reciba recursos del Estado; y más aún, para representar a la ciudadanía, siendo una eficaz bisagra, no sólo entre quienes gobiernan, sino entre estos y la sociedad.
En los meses y años por venir, legislar exigirá estar cerca, a un lado, siempre entre la gente para compartir la visión de la comunidad y desde ella, ejercer el control y brindar seguimiento del ejercicio de gobierno, y así aportar ideas y formular iniciativas que permitan contribuir a generar confianza entre mandantes y mandatarios. En otras palabras: representar que significa legislar, fiscalizar, discutir y acordar sirve para legitimar.
Es necesario dar vida a una Legislatura que si bien aprobará relevantes reformas y adiciones, así como importantes leyes nuevas, no sólo será juzgada por su función legislativa, sino por su responsabilidad política.
La política, esa sustancia etérea que sin dejar de ser la misma, ha cambiado, ahora exige de los poderes constituidos, comprender que la atención de los asuntos públicos requiere de la participación social, no sólo para ser eficaz, sino para ser legítima. De suerte que además de resultar benéfica por sus fines, lo sea por sus procesos, y que unos y otros tengan en común su carácter democrático.
Es evidente que habremos de atender lo invariable; los compromisos que derivan del régimen de transitoriedad aprobado junto con las reformas transformadoras y otras disposiciones legales que establecieron plazos y decisiones por tomar; y que se deberá analizar, discutir y aprobar un presupuesto de egresos para el año entrante que, no obstante las anunciadas limitantes obligadas por el entorno económico global, siente bases para potenciar el desarrollo de municipios y regiones, favorezca la inversión, aliente en el gasto público, promueva el crecimiento económico y favorezca la creación de empleos, en pocas palabras: que subraye el carácter social del Estado mexicano.
Pero sobre todo, habrá que poner en marcha un nuevo modelo de gestión legislativa, que ante el desprestigio de los legisladores, permita que el trabajo de los diputados permee en todo el país, a través de una eficaz comunicación política legislativa que, aprovechando las viejas y nuevas tecnologías reivindique la utilidad del legislador, de suerte que la frase “si yo fuera diputado” sea genuinamente aspiracional, para que los argumentos que se ventilen en el Poder Legislativo hayan recuperado la centralidad que les corresponde en la vida política nacional y efectivamente representen la voz y los intereses de los mexicanos.
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