Indignación, que es ira vehemente; desasosiego, que implica intranquilidad; frustración, por perder algo que se tenía; y decepción, que significa pesar, son sentimientos generalizados, según se colige de las declaraciones de líderes de opinión y expresiones que ciudadanos en general han hecho públicas aprovechando las redes sociales, a causa de la fuga de quien, se dice, encabeza la empresa criminal más grande del planeta. En el extremo, no pocas de las expresiones sociales lindan con la apología del delito y del delincuente.
Se trata de estados de ánimo comprensibles y lógicos, pero que forman un delicado caldo de cultivo en el que puede aflorar la cizaña, emerger la desconfianza y hasta llegar a la agresión verbal o el franco insulto; expresiones generalizadas de emoción entendibles, en tanto intentos de desahogo, aunque injustificables cuando no tienen sino el propósito de hacer mella en la reflexión autocrítica, la colaboración y la unidad de acción que estos momentos aciagos exigen.
En este episodio, que es un duro golpe al humor social, una fortísima llamada de atención al gobierno de la República y una lesión a la imagen del país ante la comunidad internacional, claramente, la responsabilidad de explicar qué permitió la fuga, fincar responsabilidades y, en su caso, aplicar sanciones ejemplares, recae en las autoridades, quienes, al mismo tiempo, tienen la obligación ética y jurídica de hacer frente al desafío de reaprehender al evadido e, independientemente de ello, continuar debilitando su estructura delincuencial dentro del territorio nacional y colaborando con otras naciones para instrumentar acciones internacionales contra el tráfico de estupefacientes.
Es evidente que el Ejecutivo federal, al calificar este suceso como una “afrenta”, asume su obligación y la responsabilidad de esclarecer los hechos, aplicar sanciones y resarcir el daño al instruir a la Secretaría de Gobernación, coordinar las acciones que permitan trabajar en la recaptura del narcotraficante; al comisionado nacional de Seguridad, ejecutar medidas específicas para reforzar la vigilancia en los penales de máxima seguridad; a la Procuraduría General de la República, a determinar la eventual participación de servidores públicos del penal del Altiplano; y a las tres instancias a mantener informada a la sociedad.
Compleja, la tarea de gobernar demanda una acción eficaz de la autoridad y el acompañamiento de otros actores; como concretar la reforma en materia de seguridad que el año pasado propuso el Presidente y que está pendiente de aprobación en la Cámara Alta. Todo, sin detener ni descuidar otras tareas fundamentales para el país, sumamente delicadas como la reforma educativa que cada día avanza más ante una oposición de grupos radicales aparentemente mermados y, fundamental para el futuro nacional, el desarrollo de la llamada Ronda 1 de la reforma energética que permitirá inversiones millonarias en dólares para detonar la economía mexicana.
Presidente nacional del PRI.
@CCQ_PRI
