A mi mamá, quién me enseñó
a buscar un mundo más justo.
Se le ha dedicado poco espacio y recursos a las personas desaparecidas en México, sobre todo si tomamos en cuenta la dimensión aterradora que ha adquirido el problema. La CNDH publicó un informe sobre desaparición de personas y fosas clandestinas según el cual, hasta finales del año pasado, había más de 30 mil personas desaparecidas y 855 fosas clandestinas. Más de 80% de los casos se reportaron en 11 estados del país, 6 de estos en la frontera norte.
Otros informes reportan más, o menos, desaparecidos. Los estudios coinciden en señalar las inconsistencias de los registros oficiales que no distinguen entre desaparecidos y extraviados, ni diferencian los casos en que hubo intencionalidad. Pocas veces se da seguimiento a los casos y conocemos poco sobre las circunstancias en que ocurren estos delitos, sobre quiénes son las víctimas y quiénes los perpetradores. La verdad es que no sabemos si quiera cuántas personas están desaparecidas en el país.
Hace unos días se presentó un informe del Observatorio sobre Desaparición Forzada e Impunidad sobre desapariciones en Nuevo León. Para el estudio, las investigadoras de Flacso, Oxford y la Universidad de Minnesota analizaron 548 casos de desaparición documentadas entre 2005 y 2015 por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos en México, A. C. (CADHAC). El informe aporta importantes datos sobre el fenómeno de la desaparición en México (las víctimas, victimarios, y las circunstancias de los hechos) que sirven para entender la complejidad del problema y la gravedad de la realidad nacional. Un dato que resulta alarmante es el nivel de participación de agentes del Estado en las desapariciones. Según el informe, de los 282 casos en los que hay información sobre los perpetradores, en 47.5% de los casos se trató de agentes del Estado. ¡Casi la mitad de las desapariciones fueron perpetradas por nuestras autoridades! Es además revelador la participación de todos los niveles del Estado: municipales (49% de los casos), federales (26%) y estatales (24%).
Hace unas semanas escribí en este espacio sobre el indignante asesinato de Miriam Rodríguez (mamá de Karen, desaparecida en Tamaulipas) y de otros mexicanos que han muerto en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Señalaba que atrás de cada desaparecido en México hay alguien —principalmente mujeres— que las buscan. Ahora sabemos que estas personas no sólo se enfrentan a un Estado negligente y omiso, sino también a uno que es, en importante medida, criminal. Si las cifras del reporte son semejantes para el resto del país, podemos entender una parte de las omisiones al investigar. Las autoridades no sólo no buscan a los desaparecidos por falta de recursos o de capacidad, sino porque —en casi la mitad de los casos— fueron ellos quienes los desaparecieron. Podemos afirmar también que la seguridad —y vida— de los que buscan familiares en México está en serio riesgo y no hay instancia que los vaya a proteger.
Los datos del informe revelan, en última instancia, la dimensión del problema de enfrentamos en materia de seguridad, legitimidad y Estado de Derecho. Si el comportamiento del Estado mexicano no se dirige hacia el cumplimiento de las normas más fundamentales del Derecho, ¿que legitima su existencia? ¿Qué distingue a un agente de seguridad del Estado de un miembro de un grupo criminal? ¿Qué nos impulsa, en este contexto, a pagar impuestos y respetar la ley?
El fenómeno de los desaparecidos en México nos obliga a reconocer que aquí no hay bandos claros. Nos preguntamos si el nuestro es un Estado fallido pero hay que reconocer que, con demasiada frecuencia, es uno criminal. Necesitamos preguntarnos cómo cambiarlo. Ya no basta con denunciar.
División de Estudios Jurídicos, CIDE.
@ cataperezcorrea
