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Los videos de Palmarito, Puebla, de un enfrentamiento entre miembros del Ejército mexicano y supuestos huachicoleros, y las respuestas que surgieron ante las imágenes, retratan uno de los principales problemas de México: la ambivalencia que tenemos sobre quién es un ser humano y el poco valor que el derecho tiene como orden social.
Para quienes no vieron los videos hago un breve recuento. Un primer video muestra un enfrentamiento con disparos de ambos bandos. Un sujeto —que porta un chaleco antibalas— es detenido y sometido —pero no cateado— por tres soldados. Unos minutos después, los soldados se repliegan, dejando al sujeto sin vigilancia. Varios soldados pasan corriendo a su lado hacia el final de la calle. El sujeto saca una pistola y dispara —varias veces— hacia los soldados. Uno de ellos es herido por la espalda y cae al piso. En respuesta, sus compañeros disparan al agresor, quien también cae.
Minutos después, un auto se acerca al lugar del enfrentamiento. Los soldados que permanecen en el sitio lo reciben con disparos. El auto se detiene y, cuando cesa la lluvia de proyectiles, los soldados bajan del auto a tres sujetos. Uno de ellos, visiblemente herido (y sin chaleco antibalas), es arrastrado hacia un costado del vehículo donde queda boca abajo. Segundos después, un soldado se aproxima y, desde una distancia de menos de un metro, dispara hacia la cabeza del detenido. Esta es la muerte que se señala como ejecución sumaria.
Muchas personas y organizaciones mostraron su rechazo a lo que —todo indica— es la ejecución de un civil sometido. Muchos otros —en medios de comunicación o en redes sociales— lo justificaron, o de plano lo celebraron. “Qué maten a más delincuentes”, se podía leer en redes sociales. “Qué bueno que Sedena se chingó a esa rata en Palmarito”, puso alguien en Twitter. “El soldado actuó mal, lo mato demasiado rápido, el pendejo muerto merecía ser descuartizado”, escribió otro.
En su texto Constitución o Barbarie, la profesora colombiana Julieta Lemaitre se pregunta por qué debemos insistir en el derecho frente a la normalidad de la violencia. La violencia dice algo sobre el cuerpo humano: que ese cuerpo no vale y que esa persona no es tal. No se circunscribe a enfrentamientos, tortura o ejecuciones. Muchas prácticas institucionales y sociales son violentas y manifiestan una falta de consenso sobre quién es y quién no es humano. El cuerpo de la mujer, el de un indígena o el de un joven pobre, tiene un valor menor que el cuerpo de un hombre con recursos económicos o posición social.
El derecho, a diferencia del orden de la violencia, otorga reconocimiento de humanidad a todo cuerpo, como un manto protector que impide que las personas puedan ser sacrificadas impunemente. Mientras que en el orden de la violencia se rechaza la humanidad de quien está enfrente, en el derecho se reconoce la inviolabilidad de cada cuerpo.
En México, nos sobran espacios donde se niega el valor del cuerpo humano. Lo vemos cuando un delincuente dispara por la espalda a un soldado y cuando ciudadanos celebran la ejecución de un civil sometido o la tortura de un acusado. Lo vemos cuando el gobierno omite investigar las muertes de quienes son pobres o mujeres o indígenas, y cuando manda a la guerra sin estrategia y sin entrenamiento adecuado a jóvenes que provienen principalmente de los estratos sociales más vulnerables.
Sin reconocer el igual valor de cada cuerpo humano, no podemos construir algo distinto a la violencia como normalidad social. Mientras la vida de quien es señalado como delincuente valga menos de quien lo señala como tal, el orden social que rige seguirá siendo el de la violencia y no la del derecho. Eso, a quien conviene es al que más violencia ejerce.
División de Estudios Jurídicos CIDE.
@ cataperezcorrea
