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El 10 de mayo, Día de las Madres, fue asesinada Miriam Rodríguez Martínez, del Colectivo de Familiares Desaparecidos en San Fernando, Tamaulipas. Su hija, Karen Alejandra, fue secuestrada en 2012. En 2014, la encontró, por sus propios medios, en una fosa clandestina. La investigación que llevó a cabo, le permitió aportar evidencia para identificar a los culpables. Miriam había recibido amenazas y las había denunciado. Sin embargo, según los relatos de sus compañeros, no recibió protección del Estado.
El mismo 10 de mayo el diario The New York Times publicó un artículo sobre el Colectivo Solecito, un grupo conformado por mujeres que desde 2016 buscan a sus hijos, hijas y maridos en Veracruz. Estas mujeres han encontrado y ayudado a exhumar 253 cuerpos. La búsqueda no ha sido exenta de costos. El relato señala las enfermedades que padecen muchas de ellas, principalmente relacionados con el estrés, como presión alta, problemas gastrointestinales, depresión. Todas, como Miriam, arriesgan sus vidas. En una entrevista en Así las cosas (W Radio), Carlos Cruz de la Red Retoño leyó al aire los nombres de 17 personas que han muerto en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Personas cuyo crimen fue no rendirse ante la indolencia de las autoridades y oponerse al olvido de sus hijos, hijas, parejas, amigos.
De acuerdo con cifras oficiales tenemos casi 30 mil desaparecidos en México, aunque muchos casos no son contabilizados porque no se denuncian, por miedo, o por considerar que no tiene sentido hacerlo. Según la CNDH, 11 estados concentran más del 80% de los casos. En todos, hay familiares buscando y en riesgo. El asesinato de estos padres, madres o activistas no es un fenómeno de uno o dos estados. La lista comprende Sonora, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Chihuahua y Veracruz.
¿Qué han hecho nuestras autoridades para proteger a los familiares? ¿Qué han hecho por ayudarlas en su búsqueda? Muy poco o nada. Algunos estados no tienen agencias especializadas o no las usan. No se abren carpetas de investigación o se abren pero no se les da seguimiento, por temor, indiferencia o complicidad. En el gobierno federal la estrategia parece ser negar el problema, como se niega también la existencia de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, de violencia de género, de corrupción, de crisis de gobernabilidad.
En un reciente informe sobre desaparición de personas, la CNDH recomendó, entre otras cosas, expedir una Ley para sancionar este delito. Una versión fue aprobada al final del periodo de sesiones pasado en el Senado. Aunque la Ley quizás ayude a resolver problemas para investigar y sancionar el delito, el texto aprobado quedo incompleto. No obliga, por ejemplo, a registrar por separado el delito de desaparición forzada (cometido por el Estado) de la desaparición cometida por particulares y no atiende la naturaleza de urgencia implicada en estos delitos. Todo dependerá, en cualquier caso, de que el gobierno reconozca su responsabilidad en este tema y que los funcionarios destinen los recursos necesarios para la búsqueda y protección de familiares.
Las desapariciones y asesinatos de familiares no pueden atenderse si se deja de lado la necesidad de transformar a todo el sistema nacional de seguridad pública: desde policías, ministerios públicos, peritos, hasta las cárceles y de entender la necesidad de cambiar radicalmente la estrategia de seguridad. La nuestra es una crisis de legitimidad y de impunidad. No habrá seguridad para las mamás que buscan a sus hijos, o para los agentes que detienen a delincuentes con un sistema que vive de la impunidad. Tampoco habrá paz en ausencia de legitimidad. Ningún número de soldados puede colmar ese vacío.
División de Estudios Jurídicos CIDE.
@ cataperezcorrea
