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Quemaron cuerpos, sembraron armas, torturaron, ejecutaron, manipularon evidencia, mintieron en documentos y declaraciones públicas. El helicóptero no fungió como herramienta disuasiva. Disparó 4 mil balas. Trece personas recibieron disparos por la espalda, tres que se habían rendido fueron ejecutadas. Por lo menos una persona fue vestida después de muerta con un pantalón que no tenía las salidas de bala que presentaba el cuerpo. El informe de la CNDH no hace más que confirmar lo que numerosas fuentes habían señalado antes: no se trató de un enfrentamiento, sino de una emboscada, tras la cual los policías se comportaron como delincuentes. Porque aún si se trataba de miembros del CJNG, las ejecuciones, la tortura y la siembra de evidencia son ilegales. Si los policías no cumplen las normas de Derecho ¿qué los distingue de los criminales que buscan detener? Al final, sólo la ley —justa o injusta— que han jurado defender los separa y legitima.
De 2007 a 2015 la Policía Federal reportó 799 enfrentamientos en los cuales murieron 725 personas y 144 fueron heridas. Pero mientras que en 2008 murieron 25 civiles y resultaron heridos 9 en 45 enfrentamientos, en 2013 hubo 113 enfrentamientos con 101 personas muertas y sólo 5 heridos. Más de cuatro veces los muertos, casi la mitad de heridos. El año pasado (2015) fueron 96 enfrentamientos en los que murieron 112 y resultaron heridos 22.
¿Qué sucedió durante estos enfrentamientos? ¿Se trató de enfrentamientos o fueron emboscadas? Los datos agregados sobre el uso de la fuerza por parte de la Policía Federal apuntan a que Tanhuato no es un hecho aislado, sino que, especialmente desde 2012, el uso desproporcionado —y Tanhuato sugiere, ilegal— de la fuerza se ha normalizado.
En un país preocupado por salvaguardar el Estado de derecho y por proteger la legitimidad de sus instituciones, cada uso de la fuerza debe ir acompañado por una investigación civil que lo califique. Esto es aún más importante cuando se usa la fuerza letal, pues es entonces cuando la actuación del Estado se asemeja más a la de los delincuentes que busca detener. Es indispensable que a cada muerte resultante del actuar de un agente de seguridad en funciones —sean policías, marinos o militares— corresponda una investigación civil cuyo resultado sea público. En México, sin embargo, esto no sucede. La guerra ha creado un halo legitimador que justifica cualquier exceso y exime la investigación que pudiera aclarar las características del uso de la fuerza. “Repeler una agresión” es sinónimo de dispensa de responsabilidad. La supuesta presencia de “presuntos delincuentes” es suficiente prueba de la proporcionalidad y racionalidad en el uso de la fuerza. No hace falta más información para dar carpetazo.
Antes de que la conferencia de prensa de la CNDH hubiese terminado, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad ya estaba negando cualquier acto ilegal por parte de las fuerzas federales. “Fue absolutamente racional” el uso de la fuerza, dijo el comisionado. Un día después rectificó afirmando que si la averiguación previa que lleva la PGR muestra que hubo hechos ilícitos, se sancionará a quién resulte responsable. Es bueno saber que hay una investigación en curso, pero a 15 meses el gobierno encargado de investigar no ha hecho más que negar la ilegalidad de los actos sin transparentar evidencias.
En Tanhuato no sólo se sembró evidencia, también se sembraron dudas sobre la legitimidad y legalidad de Policía Federal más allá de ese vergonzante día. Si la investigación anunciada —pero aún intangible— no da cuenta de los testimonios y pruebas que recabó la CNDH (y varios medios antes que ella), el gobierno federal será participe del desprestigio de la institución y cómplice de los delitos cometidos ese día.
División de Estudios Jurídicos, CIDE
@cataperezcorrea
