Mariana tenía 29 años y estudiaba la carrera de Derecho cuando murió. En los días posteriores a su muerte, su madre, Irinea, y su hermana relataron la violencia que sufría cotidianamente en manos de su esposo, Julio César, agente investigador de la procuraduría del Estado de México: una golpiza porque el desayuno no le había gustado, otra porque el bistec no estaba bien cocido, violaciones repetidas, amenazas de muerte. En declaraciones ante la procuraduría, la hermana narró cómo Julio César la había obligado a tatuarse su nombre en la espalda para que todos supieran que era suya. Irinea afirmó que el día de su muerte Mariana había decidido dejar a Julio César. En lugar de salir de su casa, apareció ahorcada en su habitación. Las declaraciones y los golpes en su cuerpo daban indicios de violencia, pero la procuraduría —en donde trabajaba Julio César— determinó que se trataba de un suicidio y se negó a investigar. De un plumazo no había delito que perseguir. Un año después, Julio César fue ascendido a comandante.
Hace unos días, la procuraduría del Estado de México dictó auto de formal prisión en contra de Julio César. Han pasado seis años desde la muerte de Mariana. Seis años tardó el estado en reconocer una posible víctima e iniciar una investigación para esclarecer los hechos. Lo que la Constitución prevé para que se desarrolle todo un programa de gobierno, el ministerio público lo tomó para iniciar una investigación. No fue una decisión propia, sino años de lucha de familiares y organizaciones civiles dedicadas a obligar a la institución a hacer su trabajo. Para Irinea simplemente tener acceso al expediente de su hija fue una batalla. Ahí encontró una inspección ocular de tan sólo 38 líneas, cinco dedicadas a describir la forma en que se encontró el cuerpo de Mariana, el resto a detallar las características del domicilio, sus colindancias y calle. No más.
Católicas por el Derecho a Decidir y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) acompañaron a Irinea y llevaron el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace más de un año la Corte resolvió que la procuraduría del Estado de México debía reabrir e investigar la muerte de Mariana como posible feminicidio. Se trata de la primera vez que la Corte se pronuncia sobre cómo debe investigarse la muerte violenta de mujeres: todo homicidio contra una mujer debe ser investigado con visión de género, como un posible feminicidio. En ese sentido, estamos ante un caso de éxito para la sociedad civil. Pero también estamos ante un caso que exhibe el fracaso que es nuestro sistema penal. ¿Cuántos casos como el de Mariana se cierran sin siquiera reconocer que existe una víctima?
Entre 2010 y 2015, casi 15 mil mujeres fueron asesinadas en México. ¿Cuántas de estas muertes tuvieron investigaciones serias, con peritajes reales? ¿Cuántos casos se cerraron como suicidios o accidentes? Los informes sobre las Alertas de Violencia de Género muestran que el tratamiento inicial que se dio a la muerte de Mariana es muy común. Dan cuenta de la negligencia para tratar el tema. A las mujeres que sufren violencia se les impide denunciar. Cuando lo logran, no hay resultados o tiene como efecto una mayor exposición a la violencia de la que buscaban protegerse. No sorprende así que la mayoría elige no denunciar.
La violencia contra las mujeres es un problema muy complejo y no es a través del sistema penal que se logrará erradicar. Sin embargo, el mensaje que hoy se transmite es, en el mejor de los casos, de indiferencia y en el peor, de complicidad. Una justicia que tarda seis años en echarse a andar, es injusta. Habrá que dar seguimiento para que la decisión de la Corte tenga efecto en este y los otros miles de casos pendientes en el país.
División de Estudios Jurídicos CIDE
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