El video ha sido difundido ampliamente. Dos militares y una policía federal interrogan a una joven de 21 años. Está descalza, sentada sobre el piso de tierra, con los brazos amarrados a su espalda. Una tela amarilla cubre su cabeza. Una soldado le apunta un arma a la cabeza mientras pregunta por “la tal María”. El militar que está a su izquierda la corrige: “con la bolsa”. La cabeza de la víctima es cubierta con una bolsa de plástico trasparente por la policía. “¿Ya te acordaste o quieres más bolsa… agüita o toques?”
En respuesta a la difusión del video, el secretario de la Defensa pidió disculpas a la ciudadanía por los deplorables hechos: “No debemos ni podemos enfrentar la ilegalidad con más ilegalidad”. El lunes se esperaba que el comisionado Nacional de Seguridad también se pronunciara sobre los hechos. Las declaraciones son importantes y tienen su peso, pero dos preguntas persisten en torno a estos sucesos. ¿Qué tan común son estas prácticas? Y, ¿es moral o pragmáticamente justificable la tortura para lograr el esclarecimiento de hechos delictivos?
La semana pasada, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su Informe Anual sobre Derechos Humanos en México. Al igual que el relator especial de la ONU sobre tortura, la CIDH y muchas otras organizaciones, advierte sobre la participación de militares y otras autoridades en ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas. En la encuesta del CIDE en centros federales, casi 60% de los sentenciados afirmó haber sufrido golpes durante la detención, incluidos puñetazos, patadas, asfixia, quemaduras, toques eléctricos, etcétera. En un estudio reciente, Ana Laura Magaloni muestra que estas prácticas se incrementaron, especialmente por miembros del Ejército, cuando se emprendió la guerra contra las drogas.
La acumulación de denuncias hace innegable que lo que se muestra en el video es común, pero no lo es su castigo. Los militares implicados en el caso están detenidos en el fuero militar por el delito de desobediencia. Aunque existe una investigación en el fuero civil, nadie ha sido consignado por la PGR. Peor, según Reforma, hasta el jueves pasado la policía federal implicada seguía laborando de manera normal. Lo que parece aislado es el apego a la ley. Además de ser torturada, la joven fue puesta a disposición del Ministerio Público un día después de grabado el video y no inmediatamente, como establece la Constitución.
La tortura está prohibida para proteger a personas inocentes de ser incriminadas injustamente, porque las pruebas recabadas de esta forma no permiten distinguir entre la verdad y las afirmaciones producto de la tortura. Con una bolsa de plástico en la cabeza, cualquiera se vuelve colaborador de María e informante sobre su paradero. Lo paradójico es que si la joven del video es realmente miembro de una banda de extorsionadores, como se ha afirmado, sus delitos quedarán impunes, pues las graves violaciones realizadas en su contra invalidan el procedimiento que hoy justifica su detención. Si no lo es, entonces los delitos por los que es acusada siguen impunes y ella cumple injustamente una condena. Al final, el daño recae no sólo en la víctima de la tortura, sino en la sociedad en general.
La tortura no esclarece hechos, sólo produce peores policías. Con la posibilidad de torturar para lograr un testimonio o confesión, no hay incentivos para investigar. Pero no sólo es cuestión de preferencias individuales sino de las condiciones que permiten que suceda: el uso de las Fuerzas Armadas para tareas que corresponden a autoridades civiles y el peso que tiene en nuestro sistema penal la confesión y las pruebas testimoniales. Mientras estas condiciones subsistan, seguiremos siendo un país que tolera la tortura.
División de Estudios Jurídicos, CIDE
@cataperezcorrea
