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La relación bilateral entre Estados Unidos y México es por definición asimétrica.
En el código diplomático de la Casa Blanca y el Capitolio, la palabra “cooperación” se lee como: “persuadir a la parte mexicana de que adopte como propias decisiones tomadas en Washington”.
Esta asimetría de poder resulta especialmente complicada cuando implica el manejo conjunto de recursos naturales compartidos.
En la frontera entre nuestros dos países, estos recursos compartidos que incluyen el parque Big Bend, en la franja de Texas que limita con Chihuahua y Coahuila, en cuyo lado mexicano se localiza el área de protección de flora y fauna Maderas del Carmen; el Monumento Nacional Organ Pipe, en el sur de Arizona; la reserva de la biósfera El Pinacate y el Gran Desierto de Altar, entre Sonora y Arizona.
Asimismo, ambos países comparten el agua en las cuencas de los ríos Tijuana, Colorado y Bravo o Grande del Norte, cuyo uso está regulado por el tratado del 3 de febrero de 1944.
La conformación de los ecosistemas no respeta a las fronteras políticas, por lo cual la cooperación binacional en temas ambientales transfronterizos es un imperativo.
En esta cooperación participan crecientemente organismos de la sociedad civil, que ha evolucionado de un enfoque bilateral —cada parte puede tomar una posición diferente con respecto a un tema común— a un enfoque transfronterizo, que aborda los problemas de manera conjunta, independientemente de la línea fronteriza.
El tema crucial de la cooperación en materia de agua es la sustentabilidad territorial y por lo tanto la calidad de vida de la población en ambos lados de la frontera. La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) Norte administra las minutas acordadas por ambos países, aunque las decisiones políticas finales se toman en las capitales, a miles de kilómetros de la frontera.
El principal desafío a enfrentar, más allá de los marcos institucionales absolutamente diversos, es el efecto sobre el recurso agua que están causando el calentamiento global y el cambio climático.
Hoy la asignación de agua entre los dos países y entre los estados fronterizos se vuelve crítica porque el noroeste de México y el suroeste de EU, y especialmente California, se encuentran en medio de la sequía más severa de su historia. Las causas de este desastre son, entre otras: lluvia escasa, altas temperaturas, escasa caída de nieve en las montañas, y sobreexplotación de los mantos del subsuelo.
Como ha expresado el presidente Obama, la sociedad civil es la conciencia de los países, la catalizadora del cambio; así, las naciones fuertes no temen a los ciudadanos activos, sino que promueven y apoyan la participación ciudadana.
En el manejo del agua del río Tijuana, por ejemplo, participan por México el Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, la Universidad Autónoma de Baja California, El Colegio de la Frontera Norte, Pronatura y el Foro Ciudadano. Por EU se han involucrado la Universidad de Arizona, el Fondo de Defensa Ambiental, y The Nature Conservancy, entre otros. Más información: https://www.wilsoncenter.org/publication/lessons-the-development-binational-and-civil-society-cooperation-water-management-the-us
Su eficacia estará en función de su capacidad para evolucionar desde el enfoque de mejores prácticas de cada lado, hacia un nuevo enfoque de manejo conjunto. La meta es avanzar hacia soluciones en que se consideren las necesidades de las partes interesadas, independientemente de su lugar de residencia. La idea es transformar un enfoque de manejo bilateral de agua compartida, en un ecosistema de manejo conjunto, en una región común: la frontera México-Estados Unidos.
Profesor asociado en el CIDE
@Carlos_Tampico