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En un encuentro multinacional donde se habló español, inglés y spanglish, treinta jóvenes mexicanos, estadounidenses y centroamericanos expusieron la gran asignatura pendiente en la región: un acuerdo de movilidad laboral.
El sistema económico genera migración y luego criminaliza a los migrantes.
México tiene TLCs con Estados Unidos y Canadá, y con Centroamérica. Nuestra política migratoria —que en el papel reivindica los derechos humanos— en los hechos se traduce en sellamiento fronterizo, control policíaco, y nula protección frente al crimen organizado que secuestra, tortura y mata migrantes.
La casona que alberga al Instituto Mora, en el barrio de San Juan Mixcoac, en el Distrito Federal, se convirtió los tres primeros días de julio de 2015 en un territorio transfronterizo de libre circulación de ideas y de talentos —ver www.iniciativaciudadana.org.mx/#!-noticias-y-eventos/c1ujw.
Pulularon por sus pasillos jóvenes sin papeles, atrapados en el limbo migratorio estadounidense, que tramitaron un permiso especial para visitar México. Es conmovedor y a la vez estremecedor escuchar a un muchacho decir: vengo a México por primera vez desde que me llevaron a Estados Unidos a los dos meses de nacido; como no tengo papeles, hace veinte años que no veo a mi familia mexicana.
Berta Guevara, abogada salvadoreña, que trabaja con migrantes hondureños y nicaragüenses residentes en El Salvador, nos pregunta por qué no otorgamos a los migrantes centroamericanos los derechos que exigimos para los trabajadores mexicanos en suelo estadounidense.
Carlos Salinas, originario de Tlalnepantla, matemático egresado de la Universidad de California en Los Ángeles, coordina un proyecto de historia oral recogiendo experiencias de migrantes indocumentados en California y Arizona. Rufino Santiz nació en Chamula, Chiapas y creció y estudió en Cairo, Georgia; regresó a su estado natal al terminar la prepa y al cabo de cinco años logró que le reconocieran en México los estudios realizados en Estados Unidos. Piensa, escribe y sueña en inglés, español y tsotsil.
Mateo Lucas Alonzo creció trabajando en las fincas cafetaleras de Chiapas. Hoy promueve los derechos de los migrantes en la Asociación Pop No’j en la Ciudad de Guatemala.
Los testimonios de estos jóvenes son a la vez dolorosos y poderosos.
México y Estados Unidos fabrican automóviles y aviones con procesos de producción compartida, en que componentes y partes van y vienen a través de la frontera.
La economía está abierta a las mercancías, pero cerrada para las personas. En la era digital, los mercados laborales necesitan conectar el talento con las oportunidades de hacerlo fructificar.
Si haces difícil la entrada al país vecino, también complicas la salida; conviertes al migrante en inmigrante. La migración ya no puede abordarse de manera unilateral; tras fijar estándares mínimos, los gobiernos deberían establecer mecanismos de cooperación multilateral.
La movilidad laboral regulada permite recuperar la circularidad, de modo que los trabajadores migrantes puedan ir y venir, sin verse sumergidos en la clandestinidad ni forzados a dejar su terruño de manera definitiva.
Estos jóvenes que tejen conocimientos y sabiduría a través de las fronteras han formado la Red de Acción Solidaria Transnacional y nos dicen de manera decidida: ‘Somos #DeAquíYdeAllá’.
Pelean por su decisión de vivir entre dos lenguas, dos culturas y dos naciones, con familias binacionales, entre el rock y las rancheras. Son a la vez un reflejo del pasado, un sistema migratorio fallido, y un brote del futuro, un corredor de movilidad laboral y humana Mesoamérica-Norteamérica.
Profesor Asociado en el CIDE.
@Carlos_Tampico