La buena noticia es que, el pasado 21 de octubre, en el informe de labores, durante la 106 Asamblea General del Seguro Social, en la que estuvo presente el presidente Enrique Peña Nieto y los integrantes del consejo técnico, el Director General José Antonio González Anaya afirmó que “el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene garantizada la viabilidad financiera, en el actual sexenio”.
En el informe 2014-2015, que dicho instituto presenta al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, se señala que el déficit operativo disminuyó en más de 10 mil millones de pesos con respecto al año 2012. Ello, a partir de diversas acciones de modernización y ordenamiento administrativo tales como la compra consolidada de medicamentos, la receta resurtible en primer y segundo niveles, la atención no presencial, la digitalización de trámites, el programa de vales medicinales en el Distrito Federal, los ingresos y formalización del empleo, entre otras. Hay un reconocimiento explícito que la demanda de servicios es persistentemente a la alza, lo que crea presiones y retos mayores.
La mala noticia es que, conforme a ese mismo informe, las finanzas del IMSS serán inviables en 4 años (El Financiero, 28-10-15), debido a que el déficit operativo que ha declinado en los últimos años se cubrirá con las reservas del seguro de enfermedades y maternidad, pero los recursos de las mismas se agotarán en 2018.
Las proyecciones al 2020, tomando en cuenta que el crecimiento del empleo formal se mantendrá en los ritmos favorables registrados este año, arroja un déficit acumulado a partir del 2018 de cerca de 80 mil millones de pesos, sin considerar el déficit actuarial del Régimen de Jubilaciones y Pensiones. El mayor reto del Instituto es el crecimiento en promedio anual del 5.7% de la nómina de este régimen.
Los tiempos marcados por el director general del IMSS incorporan, por su importancia, un tema ineludible en la agenda de los candidatos a la presidencia del 2018: la reforma integral de la seguridad social, cuyas instituciones otorgan en su conjunto más del 50% de los servicios en el sistema nacional de salud y cubren a más del 70% de la población, sin considerar el seguro popular, ni el IMSS-PROSPERA.
Además, hay que señalar que si se sumaran la población que recibe prestaciones de seguridad social y/o la beneficiada del aseguramiento público en salud, el total sería mayor a la mexicana, lo que significa que existe personas que reciben doble o más protecciones.
El déficit financiero de los institutos y la multiplicidad de esquemas de atención son razones suficientes para que en las campaña presidencial del 2018 el debate sobre la seguridad social sea crucial y el posicionamiento de los candidatos sobre la estrategia de transformación sea determinante en el voto ciudadano.
La mala noticia es que el déficit financiero del IMSS proyectado al 2020 es significativo. La buena es que es un dato conocido y a disposición de la opinión pública. El informe que rinde el IMSS es amplio y claro. Las acciones emprendidas son correctas, aunque todavía no sean suficientes. El acceso a la información está garantizado y el espacio para las propuestas de reforma existe. La buena noticia, en síntesis, es que todavía hay tiempo para emprender cambios de fondo para que la seguridad social siga siendo uno de los patrimonios más preciados de los mexicanos.
Investigador Honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac del Norte
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