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El día de ayer el Consejo General del INE acató una sentencia del Tribunal Electoral por la que se establece el procedimiento para que partidos políticos y candidatos reintegren el financiamiento público para campañas que no hubieran utilizado. Es sorprendente pensar que históricamente se les permitiera retener el dinero que el erario les dio y no gastaron. Con la decisión del Consejo General se da un esperado revés a un vacío en la rendición de cuentas de los partidos.
En julio de 2015 algunos consejeros electorales propusimos que los partidos devolvieran al erario el dinero público para campaña que no hubieran utilizado. Pero esta propuesta no consiguió la mayoría de votos del órgano colegiado. Sin embargo, un grupo de ciudadanos comprometidos —compuesto por destacados juristas, académicos y comunicadores— retomaron el debate y presentaron un amparo para exigir que los partidos reintegraran los recursos de origen público. El involucramiento de los ciudadanos fue muy importante porque dejó claro que los principales interesados en este asunto son los contribuyentes que, con sus impuestos, financian a los partidos y que también tienen el derecho a exigir una inspección más estricta de los recursos públicos con los que operan.
El 2 de diciembre del año pasado, con su sentencia SUP-RAP-647/2015, el Tribunal Electoral decidió finalmente que los partidos y los candidatos sí deben reintegrar el dinero público que no hayan gastado o comprobado que utilizaron durante la campaña. Esta decisión es histórica y marca un antes y un después. A partir de ahora finalmente devolverán lo que no comprobaron que gastaron en las campañas.
El uso de recursos públicos y las lagunas en la rendición de cuentas son claves para explicar el desencanto con la política y los partidos políticos. La consolidación de este sistema es una avenida para frenar el desánimo ciudadano.
Hasta este momento la fiscalización de los partidos políticos ha sido incompleta, pues se ha enfocado sólo en los recursos que se erogan para las campañas, sin investigar el vínculo entre los ingresos que reciben y el destino que les dan. Ahora, la autoridad ligará el análisis de los dineros que reciben con los gastos exactos que realizan. Más aún, el INE deberá exigir que los donativos privados también se devuelvan cuando no se utilizan para los fines por los que se aportaron.
La generosidad del financiamiento del erario ha estado tradicionalmente un paso atrás de las obligaciones de rendición de cuentas. Pero la sentencia del Tribunal posibilita, precisamente, consolidar la promesa de la reforma electoral más reciente porque promueve un uso responsable de los recursos de los partidos e impone disciplina en la rendición de cuentas y comprobación del manejo del financiamiento público. A partir de la decisión que tomó el Conejo General, los partidos ahora deberán reportar con absoluta claridad cada gasto que realizaron con financiamiento público y privado y comprobar que se utilizó en actividades auténticamente de campaña. De lo contrario, tendrán que devolver los recursos remanentes ya sea porque no los gastaron o porque no comprobaron el gasto adecuadamente.
Como financiamiento para las actividades electorales en las 14 entidades con elecciones en 2016, el conjunto de los partidos recibió 787 millones de pesos provenientes de las arcas estatales para que salieran a obtener el voto. Ahora, tendrán un incentivo clave para reportar y comprobar cada uno de los gastos que realicen con este dinero. Los ciudadanos, así, podremos conocer con gran exactitud cómo se utilizó el dinero que proviene de las arcas públicas y tener la confianza de que, si no lo erogaron en las actividades para las que se les encomendó, no podrán retenerlo, sino que deberán reintegrarlo.
Consejero electoral del Instituto Nacional Electoral
