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El pasado 7 de junio, el día de las elecciones federales, el gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano, coordinó a un grupo de funcionarios del gobierno del estado para acompañar a votar a los candidatos a diputados federales del PRI. Utilizó para ello un vehículo oficial. El gobernador envió también mensajes de apoyo a su partido desde Twitter. Una semana después, el 15 de junio, el PAN presentó una queja ante la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral en la que solicitó la nulidad de la elección en el distrito federal 01 de Aguascalientes, con cabecera en Jesús María, por la intervención indebida del gobernador en las elecciones.
La Sala Regional determinó que el gobernador incumplió con su obligación de actuar con neutralidad en la contienda electoral. En su sentencia, consideró que el “aventón” que les dio a los funcionarios de su gobierno a las casillas y el apoyo al PRI en Twitter violaron el Artículo 134 de la Constitución. Dicha disposición prohíbe el uso de recursos públicos con fines electorales, una regla considerada fundamental para garantizar la equidad de la contienda. Según la Sala Monterrey, la mera presencia del gobernador en casillas y el respaldo público a favor del PRI fueron determinantes para el resultado de la elección, que el PRI ganó con una ventaja de sólo el 0.2% de los votos. Por ello anularon la elección y ordenaron la organización de una elección extraordinaria.
De acuerdo con la convocatoria emitida por la Cámara de Diputados, la elección extraordinaria del distrito 01 de Aguascalientes se celebrará el domingo 6 de diciembre. Los efectos de estos comicios sobre la integración de la Cámara serán marginales. Se elegirá sólo a un diputado de mayoría relativa (MR) y se asignará uno de representación proporcional (RP), correspondiente a la tercera circunscripción. Si ganara el PRI, el diputado de RP irá a Movimiento Ciudadano. En cambio, si el PRI perdiera la elección obtendría el diputado de RP. En cualquier caso, después de la elección el PRI tendrá un diputado más.
La elección extraordinaria se está organizando con las mismas etapas que la ordinaria del 7 de junio. Se instalarán 445 casillas para 277 mil 868 ciudadanos que aparecen en la lista nominal. Están convocados 3 mil 115 funcionarios de casilla, a los que capacitaron 113 capacitadores asistentes y supervisores electorales. La instalación de cada casilla costará en promedio 18 mil 653 pesos, similar al 7 de junio. También se fiscalizarán los recursos que reciban los partidos para la campaña, los cuales ascenderán a un millón 694 mil 136 pesos. El costo estimado es de 10 millones 35 mil 580 pesos, cantidad nada despreciable.
Una de las ironías de la elección extraordinaria de Aguascalientes es que las consecuencias del uso ilegal de recursos públicos se paguen con más recursos públicos. Los platos rotos los paga la ciudadanía. Por eso es preciso insistir en la necesidad de que el Congreso reglamente de una vez por todas el Artículo 134 Constitucional, pendiente desde hace seis años. La falta de una ley secundaria en la materia genera enorme espacio de impunidad. No hay sanciones realmente inhibitorias a las violaciones al principio de imparcialidad en el uso de recursos públicos y a las reglas relacionadas con la propaganda gubernamental.
La anulación de la elección del distrito 01 de Aguascalientes, así como de los comicios de gobernador en Colima, ambas por la injerencia indebida de servidores públicos, deben ser un llamado de atención. Mientras los responsables puedan eludir las consecuencias de violar la ley, el Estado de derecho en materia electoral será sólo una aspiración. Queda ver si por la vía penal la FEPADE puede llegar hasta ellos al resolver las demandas que tiene en sus manos.
Consejero electoral del INE
