El dinero es un verdadero problema para la democracia; si hay poco, no puede haber campañas electorales, pero, cuando hay demasiado, se pueden desbordar los cauces de la legalidad. En la República romana los senadores en campaña organizaban peleas entre gladiadores para hacerse promoción política. Y las leyes romanas no tardaron en limitar el número de luchas que podía organizar cada aspirante. Cuando México transitó a la democracia los partidos necesitaban dinero público para poder competir con un piso relativamente parejo. Ahora el reto de nuestra democracia no es asegurar que los partidos cuenten con suficientes recursos, sino controlar los recursos con los que cuentan, en particular los que provienen del erario.
En México existe un régimen de financiamiento muy generoso para los partidos. Además de recibir spots en radio y televisión en todo el país, cada año los partidos políticos reciben financiamiento público para actividades que no están ligadas directamente a la campaña, llamadas ‘ordinarias’. Este apoyo se determina a partir del número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral y el salario mínimo vigente al inicio del año. En los años con elecciones, los partidos políticos reciben recursos públicos adicionales, según los cargos que se elijan.
En 2015, por ejemplo, además de los 7.2 mil millones de pesos que recibió la totalidad de los partidos como financiamiento público anual, también recibieron mil 974 millones de pesos para actividades de campaña. El monto de financiamiento es, de hecho, tan generoso que los partidos no lo gastan todo.
Ayer el Consejo General del INE aprobó un dictamen por el que se analizan los ingresos y gastos de los partidos a lo largo de 2014. Llama la atención la discrepancia entre el financiamiento público otorgado en 2014 a los partidos y el dinero que gastaron en ese año. En promedio, cada partido político dejó el 14% de su financiamiento público intocado. El PAN, por ejemplo, tuvo un saldo de 205 millones de pesos, el PVEM de 180 y el PRI de 108, por sólo mencionar los montos más altos. Y visto como porcentaje del financiamiento público que recibieron, el saldo del PAN es de 23% del monto total; el saldo del PT de 27.16%, el PH tuvo un remanente del 28% y el PVEM de 53.25%. Si los partidos fueran empresas, tendrían márgenes de utilidad operativa muy competitivos.
Tradicionalmente se ha permitido que los partidos guarden el dinero público que les sobró para ahorrarlo o gastarlo en otros fines.
Pero los partidos no son compañías y el financiamiento público que se origina en el erario no busca apoyar a los partidos sin razón, sino que tiene el propósito constitucional de costear ciertas actividades que llevan a cabo. Los partidos no son fines en sí mismos, sino que son medios para la transmisión de las demandas ciudadanas y de la representación de la sociedad. Sólo así se justifica que los ciudadanos financien a los partidos con sus impuestos.
Ayer el Consejo General del INE también tomó una decisión muy relevante para el control del dinero en la política. Ordenó que, a raíz de una sentencia del Tribunal Electoral, los partidos políticos deberán reintegrar al erario los recursos públicos que se les entregaron para gastos de campaña y que no destinaron, o no pudieron comprobar que lo hicieron, a este fin. Ahora los partidos regresarán el dinero que no utilicen en las campañas. Esta medida hará que los partidos reporten más meticulosamente sus gastos de campaña y creará mayor responsabilidad financiera.
Consejero electoral
