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Hoy se celebran 99 años de la promulgación de la Constitución de 1917. Coincidentemente, justo hoy nos encontramos en el proceso de instrumentación de la reforma política por la que el Distrito Federal se convierte en la Ciudad de México. Sin duda será determinante la integración de la Asamblea Constituyente que, a más tardar el 31 de enero de 2017, deberá aprobar la Constitución Política de la Ciudad de México.
El día de ayer, en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, discutimos y aprobamos la convocatoria y los lineamientos que —de ser confirmados por el Tribunal Electoral, una vez resueltas las impugnaciones que se presenten— determinan las reglas y procedimientos de la elección de 60 de los 100 diputados que integrarán dicha Asamblea. Los otros 40 constituyentes serán designados por el presidente (6), el jefe de Gobierno (6), la Cámara de Diputados (14) y el Senado (14).
Una pregunta frecuente que se plantea en estos días, cuestiona los beneficios para los ciudadanos del cambio en la capital de la República. El decreto que da origen a esta reforma establece que la Ciudad de México es una entidad federativa con autonomía respecto de su régimen interior y organización política y administrativa. Al margen de las discusiones teóricas y constitucionles sobre lo que implica ser soberano (poder de mando y control de un gobierno independiente) o autónomo (dotarse de normas propias), resulta pertinente plantear si el cambio afecta o modifica los grados de libertad que tendrán los futuros gobernantes de la Ciudad de México en beneficio de los gobernados. Por ejemplo, ¿es deseable tener un gobernador —jefe de Gobierno, en este caso— con facultades tales que le permitan contratar deuda como ha ocurrido en otros estados de la República? No, en definitiva. Lo que importará entonces es que la burocracia decisoria que se creará bajo el nuevo esquema (los alcaldes y sus concejales en lugar de los jefes delegacionales), puedan representar adecuadamente a los ciudadanos que voten por ellos, para que tengan una real incidencia en las políticas y programas que se vayan a aplicar en la Ciudad, y que beneficien de manera más inmediata a los ciudadanos.
Lo cierto es que por mandato constitucional, los concejos de cada alcaldía serán integrados por diversas fuerzas políticas, pues se incluirá el principio de la representación proporcional para su integración. En pocas palabras, a diferencia de los actuales jefes delegacionales, los alcaldes tendrán en sus concejos un contrapeso en el proceso de toma de decisiones. Ello implica que la ciudadanía podría estar mejor representada. Las leyes que a partir de ahora se emitan, podrán ensanchar o restringir los derechos ciudadanos, de ahí la importancia de redactar una Constitución Política de la Ciudad de México. En ella se establecerán las normas y garantías para el goce y la protección de los derechos de los capitalinos. ¿Será suficientemente sensible el órgano Constituyente para plasmar en la Carta Magna de la capital todos los derechos que ya han sido alcanzados por la siempre activa sociedad de la Ciudad?
Por lo pronto, el INE ha dado el banderazo de salida para la organización de la elección de quienes participarán en la redacción de la nueva Constitución. Se trata de un proceso electoral sui generis, que abre especialmente las puertas a candidatos independientes que aportarán su interés y conocimiento para hacer valer contenidos fundamentales en la Constitución. Por su parte, los partidos ofrecerán listas de candidatos para ser electos por el principio de representación proporcional. El 5 de junio los capitalinos votaremos por 60 constituyentes que podrán hacer la diferencia en el futuro de la ciudad.
Por el tipo de elección de que se trata, la partición ciudadana será de especial importancia en este año. No solo será cuestión de asistir a votar el primer domingo de junio, sino de conocer el nombre de quien queremos que aporte a la Constitución los contenidos que defenderán nuestros derechos —en caso de optar por una opción independiente—. Los partidos políticos, por su parte, harán sus propuestas y en conjunto se abrirá una nueva etapa en la historia de esta gran ciudad.
Consejero del INE
