Cada año ingresan a México alrededor de 140 mil migrantes en situación irregular, la mayoría provenientes de Centroamérica, según estimaciones de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob). Esa cifra no incluye los movimientos locales que, según datos de organizaciones civiles podría ascender a unos 400 mil migrantes indocumentados al año que pretenden llegar a Estados Unidos o a Canadá.
¿Cómo puede atender el gobierno, llámese municipal, estatal o federal, a connacionales o extranjeros que requieren atención y cuya presencia impacta en las sociedades a las que se incorporan, aunque sea de manera temporal?
Desde 2013, el gobierno federal entrega recursos al capitalino —vía el Presupuesto de Egresos— para enfrentar los costos en servicios e infraestructura que otorga a quienes no habitan en la capital y que para este 2016 ascienden a 4 mil millones de pesos. Se trata de un paso importante, pero también significa un llamado a trabajar por un país más equitativo e incluyente, a fin de no crear espacios de excepción a costa de la exclusión de otros.
Paralelamente al Fondo de Capitalidad, en nuestro país existe el Fondo Metropolitano y fondos regionales, para atender problemáticas propias de ciertas ubicaciones geográficas y la puesta en marcha de proyectos de beneficio común, independientemente de las fronteras estatales o municipales.
Y es precisamente a partir de la creación del Fondo de Capitalidad que comienza a tomar fuerza una iniciativa que propone la asignación de recursos para los estados fronterizos del norte y sur del país, así como para aquellas entidades generadoras de migrantes.
Se trata del Fondo de Migralidad, cuyo objetivo y alcance será la atención digna a quienes son deportados de EU y que llegan a los estados del norte del país, o bien, se establecen temporalmente para esperar cruzar la frontera.
La propuesta, cuyo origen se encuentra en el Consejo Estatal de Atención al Migrante de Baja California, presidido por Carlos Mora Álvarez, precisa que tales recursos se destinarían a programas de retorno al lugar de origen; de hospedaje temporal a quienes decidan permanecer en algún estado en instalaciones dignas; programas de detección y canalización de la población migrante con antecedentes penales y/o problemas de salud (enfermedades mentales y adicciones); fortalecimiento de albergues para migrantes, y respeto y promoción de los derechos humanos de los migrantes.
Mora Álvarez, uno de los principales promotores del Fondo de Migralidad, ha señalado que la propuesta no significa generar más impuestos, sino que propone que los recursos para este fondo provengan de subejercicios de otros entes del gobierno federal que no hayan podido gastar el presupuesto que les fue asignado.
A partir de 1999, las Oficinas Estatales de Atención a Migrantes comenzaron a compartir iniciativas de colaboración, hasta que en septiembre del año 2000, con la Declaratoria del Estado de Puebla, ocho estados del país conformaron la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes, A.C., misma que actualmente es conformada por 29 entidades que atienden a la comunidad migrante.
Datos del Censo de Población y Vivienda del Inegi refieren que Baja California es el estado del norte del país que más migrantes recibe al año: en 2010 arribaron 154 mil 29 inmigrantes, proyectándose esta cifra en 2014 por arriba de los 170 mil, aunque podríamos hacer una larga lista de los retos por atender en nuestra frontera sur.
La migración interna ha sido y es definitiva en la distribución territorial de la población. La realidad mundial y nacional, nos obligan a seguir innovando para lograr presupuestos más equitativos, acompañados de responsabilidades que puedan medirse para ser evaluadas.
Senadora por el Estado de México
