Tras 12 años en la oposición y a la mitad de la administración federal que recuperó, el PRI ha sido partícipe del Pacto por México, obtuvo mayoría en la Cámara de Diputados con sus aliados y puede acreditarse como el partido de la legalidad, de la responsabilidad, de la estructura territorial y de la unidad, consciente del reto que hoy significa ganar, más que votos, confianza y credibilidad.
La unidad —lo refirió muchas veces César Camacho— no significa unanimidad. Es la suma de voluntades, la capacidad de privilegiar el interés común por encima de los intereses personales o de grupo; entender que nadie sobra y que la conjunción de esfuerzos es siempre una fortaleza competitiva.
El partido con mayor capacidad de organización territorial sabe que necesita ir más allá: llegar a los jóvenes y a todos aquellos sectores que no creen en los partidos, pero sí en resolver una agenda social que crece todos los días; ser capaz de aglutinar a más personas comprometidas con su realidad y dispuestas a romper inercias.
Hoy el PRI reconoce que vive, junto con las instituciones y los partidos políticos en particular, una crisis de credibilidad. No obstante, ha privilegiado la responsabilidad frente a la popularidad.
La desigualdad en México exige cambiar el rumbo y eso no podía hacerse con la receta de siempre. Las reformas estructurales sentaron las bases legales para acabar con los privilegios para unos cuantos. Generar oportunidades para todos demandaba transparencia, rendición de cuentas, educación de calidad y el fin de los monopolios públicos o privados.
Concretar esas reformas requirió liderazgo y capacidad para lograr acuerdos con las principales fuerzas políticas. Como nunca, en estos tres años el Poder Legislativo ha ejercido su papel de contrapeso del Ejecutivo a través de numerosas aportaciones al marco legal que fueron posibles a través de un diálogo permanente y respetuoso entre poderes.
En los pasados comicios, el PRI refrendó su compromiso con la legalidad al ser el partido menos sancionado por el órgano electoral, luego de contender en uno de los procesos electorales más austeros, equitativos y auditados de la historia.
Sin argucias legales, el tricolor también cumplió con las cuotas de género, una larga lucha de mujeres de todas las corrientes políticas, cristalizada por la voluntad política y la iniciativa que propuso al Congreso el Presidente Enrique Peña.
Como opción política, el reto es vencer la desconfianza. Hoy más que nunca el PRI requiere vigilar el actuar de sus representantes populares, para que se apeguen a la norma, pero también se guíen por la ética y los resultados; el sistema de partidos debe aprender que las candidaturas independientes se alimentan de su descrédito y ya son capaces de ganar contiendas sin la necesidad de estructuras partidarias.
Las elecciones se ganan con votos, pero sumar voluntades y capacidades, requiere ganar también confianza y credibilidad con resultados. En la segunda mitad del sexenio el PRI apuesta a consolidar las reformas estructurales para que lleguen a los bolsillos de los hogares más necesitados.
Ayer, en unidad, el priísmo de todo el país acreditó nuevamente su capacidad de organización y eligió una nueva dirigencia nacional. Sin duda, el partido en el gobierno impulsará y acompañará de manera legal y legítima los compromisos del presidente Enrique Peña que avalaron en las urnas millones de mexicanos, pero el priísmo también debe recordar el ideario autocrítico de Luis Donaldo Colosio:
“Como partido en el poder nos convertimos por momentos en voz del gobierno; ahora la sociedad quiere conocer la posición del partido frente a sus problemas. Por eso, nuestro reto es convertir la voz de la sociedad en acciones de gobierno”.
Senadora por el Estado de México y dirigente nacional del Movimiento Territorial
