Pocas veces, como hoy, el término Cleptocracia, con el que Rubén Salazar Mallén calificó al grupo gobernante, fue más certero. En materia de corrupción e impunidad vivimos uno de los peores momentos en la historia reciente del país.
El Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 exhibe, como en años anteriores, las graves irregularidades y la visión patrimonialista que persiste en los tres Poderes de la Unión, los órganos constitucionalmente autónomos, las entidades federativas y los municipios.
Salvo contadas excepciones, donde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisa, sale pus. Solo un ejemplo: las observaciones pendientes de solventar del periodo 2011-2014 por el estado de Veracruz alcanzan la cifra de 26 mil 042 millones de pesos, a lo que se suman siete mil 704 correspondientes a 2015.
El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, sigue sin aparecer (seguramente ya lo tienen localizado, pero están administrando su captura), pero cada semana conocemos de nuevos hallazgos. El más reciente: la bodega en el municipio de Córdoba, que muestra a Duarte y a su esposa Karime Macías en pleno delirio, y da cuenta de la extensa red de cómplices que tejió con sus colaboradores; mientras quienes tenían la obligación constitucional de frenarlo se aprovecharon de ese festín criminal o permanecieron callados.
En esto de abusar del poder pocos se salvan. Lo mismo magistrados del Poder Judicial que consejeros del INE, gobernadores y alcaldes, legisladores y altos funcionarios de la Federación, siguen despachándose con la cuchara grande: bonos, vehículos costosísimos, uso abusivo de helicópteros, como el evidenciado en estos días del ex director de Pemex, Emilio Lozoya.
Mariana Campos y Esther Ongay, de la organización México Evalúa identifican algunos de los rubros que, sin afectar la operación gubernamental, admitirían recortes sustanciales (Animal Político, 20 de enero, 2017):
Las participaciones federales a los estados en el rubro “Subsidios y subvenciones”, que alcanzan más de 666 mil millones de pesos en 2016 y se canalizan a programas que no cuentan con reglas de operación y se ejercen sin disponer de las condiciones básicas para la rendición de cuentas.
El rubro “Remuneraciones adicionales y especiales”, que incluye primas de antigüedad, vacacionales, horas extra y otras compensaciones para funcionarios, en el que se gastaron casi 90 mil millones de pesos el año pasado y se le aprobaron más de 106 mil millones para 2017.
En “Servicios de comunicación social y publicidad”, con una cifra de 8 mil millones de pesos en 2015, más del doble de su presupuesto aprobado.
Pagos a “personal transitorio”, “estímulos a servidores públicos” por titulación de licenciatura, productividad y eficiencia, entre otros, así como los costos de “traslado y viáticos”, que alcanzaron en conjunto 40 mil millones de pesos el año pasado.
Pago al “personal permanente”, gastos de “arrendamiento” y “compra de vehículos”, que suman un aumento de 11 mil 820 millones de pesos entre 2012 y 2016.
Los llamados a ejercer los dineros de los contribuyentes con limpieza, mesura y racionalidad son ignorados y ni siquiera la exhibición de los desvíos, que observamos en distintos medios de comunicación, parece inhibir estas conductas.
Nos asustan las locuras de Trump, cuando las razones de nuestra fragilidad están aquí: las sumas desviadas, robadas de los presupuestos públicos podrían haberse destinado a atacar la pobreza, la inseguridad, el desempleo... Es mucho lo que gobernantes honestos, eficaces y patriotas hubieran podido hacer con esos miles de millones de pesos que se fueron a las bolsas de algunos enfermos autoconvencidos de que “sí merecen la abundancia”.
Mientras tanto, el Senado difiere otra vez la designación del fiscal anticorrupción. Y no sorprendería que, al final, la responsabilidad recayera en alguien sin la trayectoria, la valentía y el amor a México, indispensables para esa función.
La única buena noticia en este escenario descompuesto es la irrupción de organizaciones civiles como México Evalúa, dirigida por Edna Jaime, o Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que preside María Amparo Casar, que documentan y denuncian los desórdenes administrativos, los proyectos innecesarios, los sobreprecios. Esfuerzo sistemático que merece y reclama el apoyo de la opinión pública y la ciudadanía activa.
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario.
@alfonsozarate
