Difícilmente podríamos imaginar una experiencia más brutal que la desaparición de un hijo o una hija, de un hermano o de un padre. Por desgracia, son miles y miles las familias que en distintas regiones del país viven con la angustia de no saber del paradero de quien salió de su casa como todas las mañanas y nunca volvió. En muchos casos hay testimonios de comandos armados o, incluso, de miembros de corporaciones policiales o militares, que se llevaron a quienes hoy están desaparecidos.
En la búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa se han descubierto, en distintos municipios limítrofes de Iguala, fosas clandestinas en las que están sepultados muchos de los desaparecidos de años recientes. Algo similar ocurre en Veracruz tras la reciente desaparición de cinco muchachos en Tierra Blanca; las autoridades encontraron fosas en las que pueden estar los restos de aquellos que buscan infructuosamente miles de madres, padres, esposas e hijos.
Un de los casos más graves se ubica en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, donde en sólo ocho años (de 2008 a 2015) suman más de 300 los desaparecidos documentados. El presidente municipal dice que son producto de la guerra entre los cárteles, pero la explicación no convence.
Seguramente el choque de bandas criminales por el control de plazas explica un buen número de “secuestros” o “ajuste de cuentas”. Sin embargo, estas disputas no explican todo. Las víctimas de levantones, por ejemplo, suelen ser ciudadanos inermes que se negaron a pagar la extorsión y por los cuales se reclama un “rescate”. Otra posibilidad, sobre todo cuando un cártel tiene el control de la población, es que los sicarios puedan llevarse a una mujer por puro gusto o para hacerla víctima de otro negocio sucio: la trata de personas. Incluso un incidente de tránsito puede ser pretexto para un levantón de desenlace incierto. En toda esta dinámica criminal existe una constante: la ausencia de la autoridad encargada de brindar seguridad a los ciudadanos.
Más de la mitad de los casos de desapariciones se ubican en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Baja California y Sonora, pero las denuncias abarcan muchas entidades más. En Morelos, para no ir muy lejos, se ha documentado la desaparición de alrededor de 700 personas en escasos tres años.
La convicción de que autoridades de distinto rango están coludidas con los criminales hace que la gente no denuncie estos hechos. En otros casos, las fiscalías especializadas en desapariciones no tienen los recursos para investigar o los fiscales tienen miedo de seguir las investigaciones. Se completa, así, el círculo perverso: la impunidad potencia la violencia delincuencial.
El tema de las “desapariciones forzadas”, aquellas en las que intervienen agentes del Estado (del orden federal, estatal o municipal), lleva el horror a los terrenos de la responsabilidad política y el desgobierno. No obstante, lo mismo en el ámbito federal que en los feudos estatales, la autoridad sigue mirando hacia otro lado, simulando o escurriendo el bulto. Baste ver lo que hacen gobernadores como César Duarte, de Chihuahua; Egidio Torre, de Tamaulipas; Graco Ramírez, de Morelos, o Javier Duarte, de Veracruz.
Posdata. La desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, detenidos por policías estatales para ser “entregados” a una banda criminal, guarda fuertes similitudes con la tragedia de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala. La pesadilla no termina y hoy suman 27 mil 638 personas de las cuales se desconoce su paradero. El más reciente informe de Amnistía Internacional sobre las desapariciones en México apunta lo siguiente: 1) se trata de un fenómeno que va in crescendo: 46.5% del total de los casos reportados oficialmente han ocurrido en este sexenio; 2) la búsqueda de los desaparecidos, cuando se da, es deficiente y tardía; 3) los casos rara vez se esclarecen y los responsables casi nunca son llevados ante la justicia. El Estado mexicano debe tomar medidas para afrontar la crisis de los desaparecidos, un horror que no cesa.
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario.
@alfonsozarate
