La noticia es insólita, sorprendente; cuando parecía que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) había remontado la avalancha de censuras y denuncias por sus violaciones reiteradas a la ley, y después de que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo habían “absuelto”, irrumpe la determinación de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), con una consignación ante el juez por delitos previstos por la ley: la entrega de diez mil tarjetas de descuento y la contratación a un proveedor no registrado ante el INE.
Nunca antes la FEPADE había procedido en contra de un miembro del subgabinete. A lo anterior se agrega el hecho de que Arturo Escobar y Vega era, hasta hace unos días, el más destacado dirigente formal del PVEM, el aliado más útil del gobierno y del PRI.
Apenas el 9 de septiembre, Escobar había sido nombrado subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, una designación que generó el repudio de las más respetadas organizaciones ciudadanas. Muchos recordaron entonces que el 1 de julio de 2009, a cuatro días de las elecciones locales en Chiapas, fue detenido en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, llevando un millón cien mil pesos en efectivo, dinero cuya procedencia no pudo explicar.
La designación de Escobar, como antes la de Rafael Pacquiano como titular de la Semarnat, formaron parte de los arreglos entre el gobierno del presidente Peña y sus aliados, los dirigentes de un partido que en el último proceso acumuló 26 sanciones por cerca de 600 millones de pesos. La exigencia de partidos políticos y organismos sociales de que se cancelara el registro al Verde fue rechazada en julio pasado en una decisión controversial de una mayoría de siete contra cuatro consejeros del INE.
Si la resolución del INE envió el mensaje de que en la arena electoral todo (o casi) se vale, la consignación de la averiguación por la FEPADE por la presunta comisión de delitos electorales, envía el mensaje contrario. Ahora tocará a un juez determinar lo que corresponda, conforme a Derecho.
Para algunos, en la perspectiva de los viejos usos del poder, el fiscal, Santiago Nieto Castillo, no pudo haber tomado una decisión de ineludible relevancia política, sin el acuerdo de la procuradora Arely Gómez o, incluso, del presidente Peña. En tal caso, se habría tratado de una decisión que, aunque tardía, atendería los reclamos de las organizaciones sociales e, incluso, estaría enviándole un mensaje a los verdes: lo que piden es excesivo y es el gobierno el que manda.
Sin embargo, esta lectura ignora un hecho clave, que el titular de la FEPADE ya no es nombrado por el procurador. A partir de las reformas constitucionales en materia política-electoral publicadas en el Diario Oficial el 10 de febrero de 2014, el Senado nombra con el voto de dos terceras partes de sus miembros presentes al titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.
Entonces, se perfila otra interpretación: que el fiscal, Santiago Nieto, luego de estudiar la denuncia y valorar las evidencias, habría concluido que había elementos para consignar (se habla de rencillas personales del fiscal con Escobar, pero esto no afectaría la sustancia).
No obstante las claras violaciones a la ley, Arturo Escobar no pisará la cárcel. Es muy probable que el juez desestime la petición de la FEPADE, sin embargo algo queda: la Fiscalía ha encontrado delitos donde otras instituciones (el INE y el TEPJF) sólo violaciones, así fortalece su credibilidad, lo que es importante a la luz de los procesos electorales en puerta y de la proliferación de delincuentes electorales.
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario.
@alfonsozarate
