Los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente
entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de
justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el
ejercicio de la actividad jurídica.
Artículo 95 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos
Una de las claves para explicar la larga permanencia del PRI en el poder fue su capacidad incluyente; casi todos cabían en el reparto de los cargos, lo mismo la representación regional (el grupo Veracruz, el Sonora, el Puebla, etcétera) que la gremial (abogados, economistas, médicos, ingenieros civiles) o, incluso, ideológica (liberales, nacionalistas, conservadores, progresistas).
En contraste, lo que distingue al grupo que ganó la Presidencia de la República en 2012 —Toluca-Atlacomulco—, es el patrimonialismo, un ánimo de quedarse con todo, no sólo con los principales espacios de representación gubernamental (Secretarías, Subsecretarías, direcciones de las empresas públicas), sino incluso con los organismos cívicos, los entes constitucionalmente autónomos como el INE o el Inai, las cámaras empresariales y, desde luego, los otros poderes que constituyen los contrapesos al Ejecutivo: el Legislativo y el Judicial.
Así se explica que en las ternas de las que surgirán los ministros de la Suprema Corte de Justicia que reemplazarán a los ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero aparezcan candidatos que no cumplen, ni pálidamente, con las trayectorias exigibles a quienes se integrarán al máximo tribunal, pero sí tienen la cercanía al grupo en el poder. Es el caso del procurador de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, cuyo paso por el servicio público no sólo es oscuro sino claramente deficitario.
No se trata de indagar, como escribió un analista, “qué les debe” el presidente a los propuestos, sino de lo que le deberán si llegan a esta magistratura.
En una decisión de tal envergadura —como ocurrió con los cambios en el gabinete o con la designación de representantes diplomáticos—, el presidente Peña ha vuelto a equivocarse: en vez de integrar ternas indisputables que reconocieran una trayectoria ejemplar de los juristas nominados, incluyó a figuras menores, algunas que exhibieron su precariedad durante las comparecencias en el Senado, como es el caso de la magistrada Sara Patricia Orea.
Distintas voces de la sociedad han reprobado las ternas. El 23 de noviembre, la Asociación Nacional de Abogados de Empresas publicó un pronunciamiento en el que insiste en la necesidad de elegir a juristas que hayan probado su independencia e imparcialidad, se pronuncia por la magistrada Norma Lucía Piña Hernández y pide respetuosamente al Senado que rechace la segunda terna en virtud de que, argumentan, sus integrantes no cumplen los requisitos para integrar el máximo tribunal.
Por su parte, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, tradicionalmente cauta, el 24 de noviembre se pronunció porque la terna integrada por Alejandro Jaime Gómez Sánchez, Álvaro Castro Estrada y Javier Laynez Polisk, fuera “desechada en su integridad y conformarse una nueva terna que cumpla con los requisitos de autonomía e independencia que se requieren para fungir como juez constitucional”.
Las atribuciones de la Corte en materia de juicios de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad son cruciales y, por ello, es imperativo que el Senado actúe con visión de Estado.
Posdata. Los gobernantes, todos, tienen un talento especial para manipular la realidad. Mientras la inseguridad campea en varios municipios del Estado de México (Naucalpan, Huixquilucan y Ecatepec, significativamente), sus autoridades informan de la compra de patrullas, de la realización de operativos, etcétera. Pero no dicen nada sobre lo que realmente importa: los resultados (desastrosos) en términos de seguridad pública.
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario. @alfonsozarate
