Más Información
Felipe Calderón y Margarita Zavala festejan Navidad con sus hijos; “les mandamos nuestros mejores deseos”, expresan
Adriana Malvido invita a unirse al nuevo movimiento ambiental ABC/MX; convoca a la juventud para enfrentar la crisis climática
José Ramón López Beltrán y su familia agradecen apoyo con foto navideña; “nos sentimos muy afortunados”, dicen
Claudia Sheinbaum y Jesús Tarriba envían mensaje a mexicanos; “gracias por lo que hacen por sus familias y por México”
Decomisan arsenal, granadas y equipo táctico en Pantelhó, Chiapas; catean rancho tras enfrentamiento
Hora tras hora y día tras día, pesadamente, se fueron acumulando los meses hasta cumplir el primer aniversario de la noche trágica de Iguala. Transcurridos 365 días, los padres de los normalistas siguen sin encontrar una respuesta que les dé un poco de alivio.
A los agravios que portan se agrega la certeza de que permanecen impunes personajes cuya responsabilidad política, jurídica y ética es evidente, como el entonces gobernador Ángel Heladio Aguirre, su procurador Iñaki Blanco Cabrera y su secretario de Seguridad Pública Leonardo Vázquez Pérez, así como personal de las áreas de inteligencia civil y militar que no podían ignorar que Iguala, Cocula y no sabemos cuántos otros, habían devenido narco-municipios.
En el estado de Guerrero, como en otras entidades del país, impera una violencia estructural, la misma que hace cinco décadas alimentó los levantamientos campesinos de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, pero que hoy se ve agravada por la fiereza de bandas de delincuentes que se disputan las plazas ante la omisión o complicidad de autoridades de todo orden; guerra de bandas que se traduce en secuestro, tortura, asesinato e incineración tanto de sus adversarios como de gente común; entre los cientos de desaparecidos en Guerrero hay albañiles, conductores de transporte público o policías que han dejado en el abandono esposas, padres e hijos.
Como era previsible, la reunión del presidente Peña con los familiares de los normalistas se inscribió en un clima signado por la tensión social y la desconfianza hacia las autoridades. La complejidad y los resultados de la investigación que condujo el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, no sólo no eliminó las dudas sobre el paradero de sus hijos sino que multiplicó las sospechas por la “prisa” de cerrar el caso.
Por si hiciera falta, el reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) introdujo cuestionamientos severos a “la verdad histórica” que dictó Murillo Karam, y no parece haber forma de convencerlos de que la narrativa oficial es verdadera. ¿Cómo pedirles cordura a quienes no pueden aceptar la muerte de sus hijos? Una muerte tan absurda y cuyos motivos, aun pudiendo ser los que sostienen las autoridades, resultan tan poco convincentes; por ejemplo, la confusión que llevó a algún mando de Guerreros Unidos a creer que entre los normalistas venía gente de sus enemigos, Los Rojos, que llegaban a “calentar” la plaza.
Es esperable que la reciente detención de Gildardo López Astudillo, sicario de Guerreros Unidos, permita obtener información crucial para comprender lo que ocurrió en la madrugada del 27 de septiembre. Para cerrar la pinza, sólo falta la aprehensión de Felipe Flores, el prófugo ex secretario de Seguridad Pública de Iguala.
Además de esclarecer el crimen, las autoridades federales y estatales tienen la obligación de recuperar anchos territorios en Guerrero y otras entidades que siguen hoy en poder de grupos criminales, lo que reclama avanzar en la depuración de las corporaciones policiacas. Hace mucho que alcaldes y gobernadores abandonaron a su suerte a sus policías, con salarios ridículos, carentes de protección para sus familias, expuestos a la intimidación o a la “compra”.
Al expediente abierto de Ayotzinapa se agregan otros más —Tlatlaya, Tanhuato, la casa blanca y el Grupo Higa, los audios de OHL—, que parecen explicar la percepción, en extremo negativa, de la sociedad sobre autoridades e instituciones públicas. El más reciente estudio del Latinobarómetro registra un dato preocupante: México ocupa el último lugar, de dieciocho países encuestados, con respecto a la confianza o satisfacción ciudadana con el funcionamiento del sistema democrático: sólo 19 por ciento frente 70 por ciento de Uruguay (el puntaje más alto) o 30 por ciento de Venezuela (a media tabla). Mientras tanto, el presidente Peña Nieto acude a la Asamblea General de las Naciones Unidas a reiterar el compromiso de su gobierno con los derechos humanos y a “refritear” su discurso del 3 de septiembre sobre los riesgos del populismo…
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario
@alfonsozarate