Se resolvió el misterio. Si había alguna duda respecto de la legalidad (o no) de las adquisiciones inmobiliarias de Enrique Peña Nieto (casa en el Club de Golf de Ixtapan de la Sal a la empresa de su compadre, Roberto San Román), Angélica Rivera (residencia en las Lomas de Chapultepec a Armando Hinojosa, dueño de Higa) y Luis Videgaray (pretenciosa cabaña de descanso en Malinalco, también de Hinojosa), esa duda se despejó el viernes. Los mal pensados de siempre se quedarán con un palmo de narices. No hubo nada ilegal, como lo explicó Virgilio Andrade, nombrado hace algo más de seis meses titular de la moribunda Secretaría de la Función Pública (SFP).
Y no lo hay por razones muy simples: Peña Nieto no era funcionario federal cuando compró la casa del Club de Golf, sólo era gobernador del Estado de México; tampoco Videgaray, quien apenas encabezaba el equipo de transición del presidente electo y se perfilaba para ocupar una posición clave en el gabinete; y, finalmente, la señora Rivera no era, es ni será funcionaria pública. Así que, cuando se dieron los hechos, los involucrados estaban en una especie de limbo jurídico. ¡Ah, qué cosas de nuestras leyes tan porosas!
Pero, para la sociedad, la cuestión no es meramente jurídica; bastante conocemos los renglones torcidos de la ley. Es un tema de ética política, de lo que le es exigible a quienes desempeñan cargos públicos: no sólo cumplir y hacer cumplir la ley sino ajustar su desempeño a los valores republicanos, ser capaz, como decía Kant, de justificar sus acciones públicamente.
Si el gobierno del presidente Peña se propuso lavarse la cara al encargar a Virgilio poner en claro el asunto de las propiedades adquiridas a contratistas amigos, el resultado es grotesco; así se perfilaba desde que le ordenó investigar hasta las últimas consecuencias, al tiempo que le recordaba que el titular del Ejecutivo “no asigna contratos” y, en consecuencia, no podía hablarse de conflicto de intereses. Virgilio aceptó una encomienda que hoy lo convierte en hazmerreír. ¿Valió la pena?
Desde los días de Arturo Montiel, el gobierno mexiquense ha privilegiado a un puñado de empresas (Higa, OHL, Hermes y las del compadre San Román). Los audios de OHL, apenas un botón de muestra, exhiben las ganancias perversas de las constructoras y las complicidades con funcionarios de la administración estatal, la misma que encabezó Peña Nieto en el Estado de México. Pero “no hay nada ilegal” en eso, aseguran con la ley en la mano.
La resolución de la SFP ha generado un repudio social; no obstante, el caso está cerrado y los funcionarios que otorgaron a los empresarios consentidos jugosísimos contratos, y los mismos beneficiarios, en vez de ser investigados e inhabilitados seguirán cosechando contratos. ¿No decían los antiguos romanos dura lex, sed lex?
Posdata. En estos días, cuando está de moda ofrecer disculpas, Joaquín Guzmán Loera podría disculparse también con quienes hubieran tenido la percepción de que hizo algo ilegal al evadirse de la prisión de El Altiplano. En realidad, El Chapo no faltó a la ley, basta citar lo que establece el Código Penal Federal en su Artículo 154: “Al preso que se fugue no se le aplicará sanción alguna, sino cuando obre de concierto con otro u otros presos y se fugue alguno de ellos o ejerciere violencia en las personas, en cuyo caso la pena aplicable será de seis meses a tres años de prisión”. La pregunta sigue vigente: ¿para qué cometer fraudes fuera de la ley, cuando se puede obtener enormes ganancias al amparo de ella?
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario.
@alfonsozarate
