“Estimular, con la inacción, la burla perpetua a la ley. Creer que sólo a los votantes compete la expulsión de los desleales es abdicar del compromiso de someter la política a la ley”.
Jesús Silva-Herzog Márquez
En materia electoral, todo se vale. Este es el mensaje que deja la resolución del árbitro electoral. Para vulnerar a las instituciones “ciudadanizadas” —nos lo dice la experiencia reciente—, no hace falta reducir sus atribuciones ni desfondarlas, basta con elegir para conducirlas a funcionarios moldeables, dispuestos a renunciar a la autonomía y a la imparcialidad, para servir a los intereses de quienes los pusieron allí.
Los modestos avances en instituciones que acompasaran la construcción democrática, como el IFE y el IFAI, se han visto revertidos en fechas recientes; negando su razón de ser, una mayoría de comisionados o consejeros ha adoptado resoluciones que van en sentido contrario a la construcción democrática.
Lo ocurrido el miércoles de la semana pasada, cuando una mayoría de siete contra cuatro consejeros del INE resolvió que las violaciones graves y reiteradas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no ameritaban la cancelación de su registro, genera frustración y enojo. A los consejeros que impusieron su mayoría no les importó el despliegue cínico de recursos que rebasan los topes legales ni la infracción dolosa y sistemática de la ley, tampoco la publicidad mentirosa que le ha servido para engañar a electores con pobre información y más pobre aún cultura cívica.
Como acostumbran, los “verdes” jugaron (sucio) a ganar y ganaron. Las multas cuantiosas no les harán mella. El financiamiento público no parece ser su única fuente de ingresos. Por el contrario, su despliegue de recursos ilegales habrá sido una inversión rentable porque ahora gozarán de mayores espacios de poder, con las posibilidades que portan: importantes sumas y posiciones que estarán en condiciones de vender caras al PRI.
En Chiapas, los verdes cosecharon muchísimos votos mediante el uso de las formas más tramposas (obtuvieron 689 mil 62 votos que representan el 24.98 por ciento de su votación total a nivel nacional) y su gobernador, Manuel Velasco Coello, despliega una campaña grosera por todo el país para promover su imagen, gasta recursos de las arcas públicas para comprar inserciones en los medios, mientras el estado exhibe una pobreza lacerante. Pero eso no importa —no al INE.
No importan tampoco las revelaciones de episodios funestos que involucran al verdadero dueño del partido, Jorge Emilio González y a sus socios en actos de corrupción o, incluso, en la muerte de una “acompañante” búlgara en una fiesta en un departamento en Cancún. Todo esto, más las violaciones graves y reiteradas a la ley, no sirvieron para sustentar la cancelación del registro. Por decisión mayoritaria del Consejo General, el PVEM seguirá mofándose de las leyes y de quienes denuncian sus excesos.
El mensaje de esta resolución es que en la arena electoral todo se vale; no importa que la Ley General de Partidos Políticos establezca, entre las causales para la pérdida del registro: incumplir de manera grave y sistemática las obligaciones que le señala la normatividad electoral.
Así que este negocio sucio disfrazado de partido seguirá haciendo de las suyas y, a partir de ahora, no será extraño que otros sigan su ejemplo.
Al menos cuatro partidos (Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Morena y Movimiento Ciudadano) han anunciado que impugnarán esta resolución. Tocará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dar la última palabra. En un país de impunidades, también es impunidad el castigo a medias: sanción pecuniaria —al fin, recursos públicos— a cambio de mantener la patente de corso para seguir haciendo trampas.
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario.
@alfonsozarate
