No resulta fácil de entender por qué en Los Pinos se niegan a rectificar el rumbo. El presidente Enrique Peña Nieto y sus cercanos saben que enfrentan un problema de credibilidad y desconfianza, que son notorios los déficit en las materias que más importan a la sociedad, y, sin embargo, han dejado escapar oportunidades claras para enderezar la trayectoria.
Irrumpe el horror de la noche de Iguala y, en un primer momento, el presidente subestima los hechos y se marcha a China —la comitiva incluye, al parecer, al maquillista de la señora Angélica Rivera. Con diez días de retraso, el gobierno federal asumirá las riendas de la investigación y los costos políticos de la tragedia.
Ante los cuestionamientos por el presunto conflicto de interés en la compra de una casa en el club de golf de Ixtapan de la Sal, a su compadre Roberto San Román, el presidente designa a un subordinado leal, Virgilio Andrade, como titular de la casi difunta Secretaría de la Función Pública (SFP). En un acto público le ordena investigar hasta las últimas consecuencias, pero le recuerda que él (titular del Ejecutivo) no asigna contratos ni ha hecho nada malo. Poco después, Andrade aclara que la SFP no tiene facultades para semejante indagación.
Grupo Higa, el conglomerado que encabeza Armando Hinojosa, otro de los empresarios cercanos al primer mandatario, sigue cosechando contratos a pesar de los pesares. Se le “cayó” el tren a Querétaro, por aquello de la Casa Blanca, pero ahora son algunos gobernadores quienes le otorgan jugosísimos contratos.
Ante la grave crisis de seguridad que lastima a la sociedad, el 27 de noviembre se informa desde Los Pinos que el Presidente hará un anuncio importante. Tal vez, se piensa, reconocerá que la gravedad de los hechos registrados en las últimas semanas interpela no solo al gobierno sino al Estado en su conjunto y a la sociedad; por lo que, en consecuencia, sería exigible una respuesta mayúscula, que convoque a los otros Poderes y a todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, el gran anuncio resulta frustrante: un “decálogo” plagado de inconsistencias, redundancias, ambigüedades, y con tan poca visión estratégica que ni los legisladores de su partido lo tomaron en serio.
No obstante las duras condiciones de las finanzas públicas y la pobreza en la que vive la mayoría de los mexicanos (el informe de Coneval lo confirma), el grupo gobernante sigue exhibiendo su plétora en giras internacionales. El presidente Peña viaja a Inglaterra y Francia con una gran comitiva, que incluye familiares; en el caso más reciente, un “ejército” de casi 400 personas (incluidos once secretarios de Estado). París sería una fiesta con agenda ligera y relumbrón. ¿No hay en Los Pinos quien advierta sobre los mensajes que envía a una sociedad agraviada la pompa y circunstancia que acompaña a esos recorridos? ¿No existen criterios elementales de moderación, prudencia y sensatez en el despliegue público y privado de los gobernantes?
La clase política padece una severa crisis de credibilidad por los arreglos oscuros entre funcionarios y contratistas, como los que se han exhibido en el caso de la constructora OHL. Pero el escándalo no tiene consecuencias y la impunidad prevalece.
Los reportes anuales de la Auditoría Superior de la Federación, sus “observaciones”, son como llamadas a misa. La opacidad y el uso discrecional de los recursos públicos, a nivel federal y en los estados, constituyen la norma y no hay poder humano dispuesto a interrumpir los flujos millonarios del círculo vicioso.
Dice el politólogo Maurizio Viroli que lo que inhibe las prácticas ilegales no es la severidad de las penas sino su rigurosa aplicación. En México, la inmensa mayoría de funcionarios ineptos o corruptos goza de cabal salud y se exhibe en las páginas de sociales sin pudor alguno. De ahí que, con toda ingenuidad, uno se pregunte: ¿será que esta clase política no tiene remedio?
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario.
@alfonsozarate
