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Al día de hoy es complicado comunicar a la ciudadanía qué es y para qué sirve el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), debido a la gran cantidad de instituciones federales y locales que intervienen en el mismo, además del novedoso Comité de Participación de cinco ciudadanos distinguidos. Comencemos por informar que ya existe un Comité de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, que reúne a seis autoridades federales que tienen información o facultades relacionadas con la prevención, detección y combate a la corrupción.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) puede obligar a un servidor público a entregar toda la información relacionada con aplicación de recursos públicos, precisamente para transparentar la adquisición de bienes y servicios que requieren las instituciones públicas; toda la información relacionada con estos procedimientos puede ser exigida por el Inai. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la encargada de vigilar el destino del gasto público; por ello, se encuentra facultada para realizar auditorías a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y municipios del país, así como a todo aquel que haya recibido recursos públicos, incluidos ciudadanos, con la finalidad de revisar que esos recursos se hayan destinado al propósito para el cual fueron asignados. La Secretaría de la Función Pública (SFP) vigila las actividades de los servidores públicos federales, audita el gasto de recursos federales y coordina a los órganos internos de control en cada dependencia federal, quienes se encargan de recibir quejas y denuncias contra actos de corrupción, por lo que la Secretaría investiga y formalmente acusa para instaurar los procedimientos administrativos correspondientes. Cuando de los resultados del ejercicio de las atribuciones de la ASF, de los órganos internos de control y de la SFP, se descubran faltas graves, corresponderá al Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocer de los juicios administrativos respectivos. Para conocer de estos casos, el Tribunal cuenta con magistrados especializados en materia de responsabilidades administrativas. Las decisiones que emita el Tribunal pueden imponer sanciones que van desde la suspensión del servidor público hasta su inhabilitación para ocupar otro cargo público por un periodo máximo de 20 años. Si las conductas cometidas por el servidor público son delito, entonces también serán investigadas desde ahora por la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la PGR, y en su momento por la Fiscalía Anticorrupción. Finalmente, el Consejo de la Judicatura Federal se encarga de la vigilancia y disciplina de los magistrados y jueces del Poder Judicial; así, cuando el Consejo detecta que un juzgador federal incumple con sus funciones o incurre en un acto que deriva en responsabilidad administrativa, tiene la facultad de iniciar un procedimiento disciplinario a través del cual puede imponer sanciones que van desde el apercibimiento privado a la destitución e inhabilitación hasta por un período de 10 años.
Como podemos advertir, cada una de estas autoridades tiene por sí misma, facultades importantísimas para el combate a la corrupción. La conjunción de sus esfuerzos, el intercambio fluido de información y experiencias, entre ellas en el Comité Coordinador del SNA, permite analizar el fenómeno de la corrupción desde una perspectiva integral. Este comité es presidido por un ciudadano, precisamente para reconocer que las políticas públicas tienen que ser siempre en favor de la ciudadanía. Hasta ahora, los esfuerzos realizados unilateralmente por las instituciones públicas no han sido del todo eficaces. Con el aporte ciudadano al Comité se procura una visión que concilie las perspectivas de la ciudadanía y del poder público y que atienda al reclamo social. Así, el Comité Coordinador del SNA se erige como un medio de comunicación permanente y efectivo entre autoridad y ciudadanía.
En resumen, el Comité Coordinador no es un órgano investigador ni sancionador, es un espacio en el que los distintos actores convergen, intercambian puntos de vista y experiencias, a través del diálogo constante y la comunicación abierta; es un punto de encuentro en el que los titulares ahí reunidos, pueden diseñar políticas públicas para mejorar el combate a la corrupción y coordinar a nivel nacional a todas las autoridades encargadas de enfrentar este flagelo.
Consejero de la Judicatura Federal
