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No sabemos si los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron incinerados por sus captores. Pero, sin lugar a dudas, algo se quemó en este caso: la reputación de la PGR.
Obviemos la discusión sobre el destino de los cadáveres. Mejor concentrarse en la descripción de la incompetencia de las procuradurías, contenida en el reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes: escenas del crimen no levantadas o mal preservadas, evidencia perdida, peritajes incompetentes, diligencias no realizadas o hechas a destiempo.
Sobra decir que no se trataba de cualquier asunto. Las autoridades estaban sometidas a severa presión nacional e internacional. El presidente Enrique Peña Nieto comprometió todos los recursos del Estado para resolver el caso. El prestigio del país iba de por medio.
Y aun así, la PGR sólo pudo construir un caso a la vieja usanza, con confesiones de presuntos responsables, probablemente arrancadas por la vía de la tortura. Y un caso, además, donde falta el móvil: nadie tiene claridad sobre las razones para secuestrar y (probablemente) asesinar a los normalistas.
¿Por qué tanta incompetencia? No lo sé a ciencia cierta, pero van algunas hipótesis:
1. Las procuradurías, lo mismo las estatales que la federal, son instituciones altamente politizadas. Sus responsables deben el cargo al titular del Ejecutivo (estatal o federal) y por tanto, deben entregar resultados en tiempos políticamente relevantes. Eso no contribuye a producir investigaciones profesionales y genera incentivos para fabricar culpables.
2. El control judicial sobre las procuradurías ha sido tradicionalmente débil. En el sistema de justicia penal que estamos dejando atrás, la consignación de un presunto responsable ante un juez es casi equivalente a una sentencia condenatoria. Casi todo tipo de evidencia es aceptable, sin importar cómo fue obtenida, y nada vale más que una confesión. No es un entorno muy propicio para la investigación científica.
3. La procuración de justicia no ha sido una prioridad presupuestal. De 2006 a 2015, el presupuesto de la PGR creció apenas 32 por ciento en términos reales. El resto de las dependencias del sector seguridad (Sedena, Semar, SSP/Segob) vio su presupuesto real más que duplicarse en el mismo periodo. En 2015, la PGR sufrió un recorte presupuestal y probablemente haya más tijera el año que entra. Esa escasez financiera relativa ha pospuesto una y otra vez diversas iniciativas de modernización de la PGR. Algo similar sucede en las procuradurías estatales.
Algunas reformas recientes podrían contribuir a resolver algunos de los problemas listados. La PGR se convertirá en 2018 en una fiscalía autónoma. Algunas procuradurías estatales caminan en la misma ruta. Eso podría ayudar a despolitizar la procuración de justicia. Por su parte, la reforma al sistema de justicia penal, al fortalecer el debido proceso, debería, en el largo plazo, generar incentivos para mejorar las tareas de investigación.
Pero esas esperanzas podrían frustrarse. Los políticos podrían trasladar a los fiscales autónomos el costo de la inseguridad y la violencia. Los fiscales podrían culpar a los jueces por los casos fallidos. Y el resultado podría acabar siendo no una transformación, sino una contrarreforma.
Por ello, se necesita crear condiciones políticas para cambiar de raíz la procuración de justicia. Y para ello, se necesita presión pública sostenida, similar a la que logró una transformación de las instituciones electorales en los noventa.
El caso de Ayotzinapa se ha convertido en una vergüenza nacional. Ojalá se convierta también en un trampolín de cambio.
Analista de seguridad.
@ahope71
