Los resultados que arrojaron los comicios electorales de 2016 dieron cuenta de la profunda degradación política que caracteriza los tiempos del México de la violencia, los negocios y las fosas clandestinas. La diatriba, la denostación entre adversarios, el uso indebido de recursos públicos y el poder abusivo del dinero fueron elementos a los que la mayoría de los partidos y sus candidatos se subordinaron nuevamente.
Se ha iniciado una reconfiguración política de cara a 2018: el rechazo a los desatinos del actual gobierno; la consolidación de Morena como referente electoral progresista; la crisis de identidad del PRD y la fragmentación de las izquierdas conformaron un escenario que permitió el reposicionamiento de la derecha.
La elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México demostró que el voto capitalino se orienta hacia la izquierda, aunque el porcentaje de participación, si bien no cayó a la cifra catastrófica de 20%, alcanzó apenas 28% de la lista de electores. La mayoría de los capitalinos desairó la jornada electoral, el abstencionismo alcanzó a 72% de electores y los votos nulos sumaron 8%.
Si bien no se cumplió el pronóstico de que Morena duplicaría la votación del PRD en la capital, el cual quedó a sólo cuatro puntos porcentuales, Morena refrendó su condición de primera fuerza en nueve delegaciones: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Iztacalco, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Por su parte, el PRD fincó su resultado en la estructura corporativa que ha creado en Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza. Un dato revelador es que en estas elecciones el sol azteca obtuvo 553 mil 192 votos, cantidad similar a la alcanzada en su elección interna de 2014, en la que participaron 530 mil 228 militantes, cifra que irá conformando su techo electoral hacia 2018 en la capital.
El PRI y el PAN obtuvieron su votación más baja en los últimos años: 7.8% y 10.3% respectivamente. Sin embargo, la designación de 40 constituyentes les otorgará una representación que no obtuvieron en las urnas. El PRI tendrá una sobrerrepresentación de 162%, toda vez que por la vía del voto sólo obtuvo cinco diputados, a los que se sumarán 16 designados por el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión, ocupando 21 de los cien escaños.
En contraparte, Morena y los candidatos independientes estarán subrepresentados, ya que si la asignación de las cien curules se hubiera definido por el voto popular, Morena pasaría de 22 a 33 constituyentes, mientras que los 21 candidatos independientes, quienes obtuvieron 8.3% de la votación, tendrán sólo un representante ante la Asamblea, con lo que una significativa franja de la sociedad que se manifestó en contra de los partidos estará subrepresentada, y cuyos votos al ser cancelados engrosarán la bolsa de asignación para los partidos, lo que introduce un elemento adicional de ilegitimidad, en este caso, de los constituyentes electos por la vía partidaria.
La aprobación de la Constitución de la Ciudad de México requerirá del voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea. Con los resultados electorales registrados, la conformación de una mayoría calificada representa un enorme desafío, ya que ningún partido por sí solo, ni sumadas la primera y la segunda fuerzas la alcanzan, lo que obligará a establecer negociaciones parlamentarias y acuerdos amplios que involucren a tres o más fuerzas políticas para aprobar la Constitución, lo que enfrentará mezquindades, cálculos electorales y discrepancias que pueden debilitar el texto constitucional que de ahí surja, e incluso conformar un escenario donde el 31 de enero de 2017 —fecha en que se disuelve la Asamblea Constituyente— la Constitución capitalina no sea aprobada.
Ello hace indispensable conformar un polo progresista que sea capaz de construir un amplio espectro de alianzas generales y por temas específicos, que permita hacer valer la voluntad de un electorado mayoritariamente progresista.
El Constituyente de la Ciudad de México padece un déficit de legitimidad, lo que obliga a que la nueva Constitución sea sometida al refrendo de los ciudadanos, lo que puede además de legitimar su creación, marcar un hito en la política tradicional del país.
Senador de la República
