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En los días pasados coincidieron la celebración de la Sesión Plenaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y la presentación del Informe sobre el Desarrollo 2015 del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM (PUED), donde se dio cuenta de la situación que enfrenta la región y nuestro país respecto al crecimiento económico, la evolución de la pobreza y la precarización del mundo del trabajo.
Los datos dados a conocer por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, son indignantes: 62 personas concentran una riqueza equivalente a los ingresos de la mitad de la población mundial, situación que se mantiene en México, donde cuatro empresarios concentran una fortuna superior a los 110 mil millones de dólares, al tiempo que 10% de la población de mayores ingresos concentra 64% de la riqueza nacional.
El informe del PUED destaca el hecho de que las llamadas reformas neoliberales instrumentadas desde los años 80 en México y en el mundo no han logrado detonar un crecimiento sostenido de la economía, y por el contrario, lejos de estrechar las brechas de desigualdad, éstas se han profundizado.
Muestra de ello es cómo en el país, en el periodo 2008-2014, la economía alcanzó apenas 1.9% de crecimiento real, ligeramente superior al crecimiento de la población que fue de 1.2%, con lo que la proporción de la población en situación de pobreza creció 2%, superando a la mitad de la población. Situación que se agrava en el medio rural, donde la pobreza es 1.6 veces mayor que en zonas urbanas, y donde la pobreza extrema es hasta 4.6 veces más alta, así como la que enfrentan las comunidades indígenas, donde la pobreza es superior hasta en 34 puntos porcentuales respecto a la población no indígena.
En los últimos años, los recursos destinados al gasto social en México se han incrementado sensiblemente. Entre 1990 y 2014, éstos pasaron del 5.8% como porcentaje del PIB al 12.4%; y de 38.2% a 56.8% del gasto programable, presentándose una desgarradora paradoja: a mayores recursos destinados a combatir la pobreza, mayor número de pobres.
Más allá del discurso oficial, la política y los programas sociales no han tenido resultados importantes. El Coneval identificó —en 2014— 5 mil 894 programas sociales en los tres órdenes de gobierno (273 federales, 3 mil 788 estatales y mil 833 municipales) que han dispersado los recursos y duplicado los programas existentes. Es decir, no existe una estrategia de combate a la pobreza.
La Cruzada Nacional contra el Hambre, que se propuso reducir en 30% la pobreza, e integró 65 programas sociales, no ha dado resultados, pues como ha señalado el Coneval, en 2014 el número de mexicanos en pobreza aumentó dos millones de personas; en tanto, continúa la caída en el poder adquisitivo de los salarios que de 1987 a la fecha han registrado una pérdida acumulada de 79.6% , y el precio de la canasta básica aumentó 20.66 pesos, mientras el salario mínimo lo hizo solamente en 2.53 pesos.
¿A qué obedece el fracaso de la política social? Sin duda a la ausencia de una estrategia nacional que articule los programas sociales federales y locales, que evite la multiplicidad de los programas y el dispendio de recursos. Pero también a la corrupción, el uso indebido de recursos públicos, las prácticas corporativas que condicionan a los beneficiarios, el acceso a estos programas a cambio de su subordinación política, a la violencia e inseguridad que enfrenta el país y, de manera fundamental, a la tensión permanente que existe entre la política social y la política económica instrumentada por el gobierno federal, la cual incrementa los riegos que enfrentan la mayoría de los mexicanos.
Se incrementa el riesgo a fallecer por causas evitables de mortalidad ante las reformas al sistema de seguridad social y al régimen de pensiones, así como los riesgos a no contar con un empleo digno ante una reforma laboral, que lejos de atender la drástica caída de la participación del trabajo en el ingreso nacional en las últimas décadas,
desreguló la relación entre patrones y trabajadores, al permitir la contratación por hora, día, semana o mes, en demérito del derecho a la estabilidad en el empleo, a una jornada laboral de 48 horas y a un salario remunerador.
El neoliberalismo ha reducido el concepto de desarrollo a una variable económica vinculada al crecimiento, no al bienestar, abdicando de las responsabilidades sociales y de rectoría económica del Estado, alejándolo de la urgencia de ubicar en el eje de las políticas públicas a las personas, la distribución del ingreso, la justicia social y la equidad. En tanto esto no suceda, la política social seguirá siendo discurso y manipulación política.
Senador de la República
