Transcurre el sexenio y las expectativas de crecimiento económico, generación de empleos y mejoramiento de los salarios que ofertó Enrique Peña Nieto, con las llamadas reformas estructurales, no aparecen por ningún lado. Por el contrario, la economía se debilita, mientras el trabajo y los salarios se precarizan aún más.
Lo mismo sucede en otros ámbitos de la vida pública: la llamada Cruzada Nacional contra el Hambre se convirtió en un oneroso aparato burocrático que no frena la espiral de empobrecimiento de amplios sectores de la población, sumando 54 millones el número de mexicanos en situación de pobreza; en tanto la violencia y el crimen aumentan, el Estado se debilita y la corrupción asociada a los negocios y al crimen sienta sus laureles.
El gobierno se niega a reconocer el fracaso del modelo económico que insiste en mantener sin rectificar el camino emprendido. La soberbia, los intereses en juego y la miopía política lo llevan a asumir el riesgo de un brote de inconformidad social; no con medidas que reviertan el deterioro del bienestar de la población, como el combate firme a la corrupción y la impunidad, o el rescate de sus responsabilidades sociales y la rectoría económica del país, sino con el amago autoritario.
Brotan signos del endurecimiento y la amenaza gubernamental en todos los ámbitos: la descalificación de los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y las acciones unilaterales para dar a conocer un tercer peritaje sobre la presunta incineración ahora de diecisiete personas, en el basurero de Cocula, con lo que se pretende cerrar la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa; la negativa a la presencia del relator de Naciones Unidas sobre tortura, práctica que se ha generalizado en el país, en momentos en que diversas encuestas señalan que el 64% de los mexicanos tiene temor a ser torturado, o el precedente negativo que representa el fallo de los tribunales del fuero militar que sólo sancionó a uno de los elementos que participaron en las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya por indisciplina, en tanto se otorga impunidad a gobernantes corruptos y a bandas de juniors, hijos de empresarios o funcionarios de alto nivel en el gobierno de Veracruz, quienes, impunemente, violan y cometen todo tipo de delitos.
Las señales más relevantes de este amago autoritario lo representan la llamada Ley Eruviel y la Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional. La primera, profundiza la inefable experiencia de la Ley Bala en el estado de Puebla, dotando de gran discrecionalidad a la fuerza pública para intervenir, incluso cuando exista “resistencia pasiva” de los ciudadanos; es decir, cuando “la persona no obedezca las órdenes legítimas comunicadas de manera directa por el elemento (de seguridad) que previamente se haya identificado como tal y no realice acciones que dañen al mismo, a terceros o al elemento” (Artículo 12); o cuando para mantener la paz y orden público “la determinación de hacer uso de la fuerza en el caso de asambleas, manifestaciones o reuniones violentas o ilegales será tomada por el mando responsable del operativo, bajo su más estricta responsabilidad” (Artículo 16), lo que constituye una flagrante violación a los derechos humanos y a la libertad de manifestación consagrados en la Constitución.
La segunda considera tres supuestos por los cuales es factible la restricción o suspensión de los derechos y garantías: en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto; lo que permitiría suspender el ejercicio de los derechos políticos, el derecho a la vida, a la integridad personal, el derecho a la protección de la familia y los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el no ser sometido a desaparición forzada, tortura o pena cruel, inhumano o degradante, entre otros.
El estado de excepción, de acuerdo con Carl Schmitt, es la situación extrema del Estado en la que el soberano ejerce la facultad de determinar al enemigo público, trascendiendo, si es necesario, el estado de sitio con el fin de proteger el bien público. Lo que enfrenta nuestro país no es una amenaza que emane de la sociedad, si alguna situación de excepción existe, es el debilitamiento y descomposición del Estado mexicano que se ha convertido en su propio enemigo.
Senador de la República
