Cuenta la leyenda oriental que los jóvenes que cortaban una margarita que aún tuviera rocío y permanecía fresca después de portarla en su bolsillo durante 24 horas, significaba que su boda estaría colmada de felicidad; por lo contrario, si la flor se marchitaba, el joven decidía permanecer soltero antes que arriesgarse a sobrellevar una vida de zozobra. En Occidente, la tradición popular de deshojar la margarita se refiere a dejar al azar la dicha o el infortunio del amor deseado.
En Palacio Nacional este juego se ha convertido en una comedia de enredos y equivocaciones que ha derivado en verdaderas tragedias, con la consecuente falta de decisiones para corregir el rumbo, y sancionar a quienes violan los derechos humanos, delinquen, se corrompen o no cumplen con su deber.
La apuesta inicial del actual gobierno de proyectar una imagen internacional de un México en bonanza, encabezado por un joven liderazgo, se desmoronó en unos cuantos meses. La parafernalia de viajes fastuosos, visitando a reyes y princesas, no ha podido borrar del imaginario internacional la brutalidad de la violencia arraigada en México: los cientos de fosas clandestinas, las decenas de miles de migrantes desaparecidos o asesinados, la tortura, la desaparición forzada, la trata y el tráfico de personas.
Los videos que circulan por las redes sociales dan cuenta de esta barbarie, de los niveles de degradación a los que ha llegado la delincuencia organizada, así como de la tortura y otras prácticas vejatorias cada día más arraigadas en las corporaciones policiacas y en las Fuerzas Armadas.
La tolerancia a estas prácticas se ha convertido en omisión y complicidad. El gobierno actual no asume decisiones elementales y opta por la mano dura.
Ejemplos abundan. En Veracruz suman decenas las personas desaparecidas; periodistas y defensores de derechos humanos son perseguidos o asesinados, mientras el actual gobernador mantiene intocado su virreinato y otorga impunidad a una banda de juniors, hijos de empresarios asociados con el gobierno local o de sus colaboradores cercanos, a quienes se les facilitó la evasión de la justicia.
El abuso del poder asociado a los negocios. El despojo de que es objeto la comunidad de Xochicuautla y la depredación del santuario del agua que representan sus bosques originarios, donde, pese a existir amparos para frenar la construcción de la carretera Naucalpan-Toluca, la policía estatal protege a las empresas —al igual que el Ejército en las obras del nuevo aeropuerto en el Lago de Texcoco— y destruye el patrimonio de las familias. En este caso se trata del Grupo Higa, propiedad del ya “célebre” Juan Armando Hinojosa, por los contratos millonarios de obra pública al amparo de los gobiernos de Peña Nieto, y por figurar en la lista de los Panama Papers, donde depositó la modesta cantidad de 100 mil millones de dólares.
La mofa a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y la pretensión de dar carpetazo al caso y despedir al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en momentos en que surgen nuevas evidencias de la participación en estos hechos de otros cuerpos policiacos federales y municipales, y la presunción de que algunos de los desaparecidos fueron trasladados al municipio de Huitzuco.
Mientras, en Los Pinos, Peña Nieto deshoja la margarita en la nostalgia de la imagen internacional perdida, siete de cada diez mexicanos reprueban a su gobierno, un gobierno que en vez de dedicarse a los negocios y a satisfacer los intereses económicos de unos cuantos, debería asumir sus responsabilidades sociales y adoptar las decisiones políticas que la realidad impone. De no hacerlo, no habrá pétalos que alcancen.
Senador de la República
