En vísperas de que la Constitución Política de nuestro país cumpla su centenario, se abre una oportunidad invaluable para colocar su devenir en el centro del debate y reflexionar en torno a la necesidad de impulsar una nueva Constitución que actualice y establezca un novedoso pacto social entre los mexicanos.
En estos casi cien años transcurridos, la Constitución ha sufrido 697 modificaciones, de las cuales 432 (62%), se han realizado a partir de la instauración del modelo neoliberal durante el gobierno de Miguel de la Madrid.
Si bien algunas de estas reformas han retomado banderas progresistas, como el derecho al sufragio de las mujeres alcanzado en 1953; el reconocimiento de los derechos humanos y las garantías para su protección; el reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas a su libre determinación y autonomía; el derecho al libre acceso a la información pública, a la transparencia y la rendición de cuentas por parte de la autoridad; y, recientemente, la reforma que reconoce la autonomía y soberanía a los habitantes de la Ciudad de México, en su esencia, la Constitución ha dejado de ser una carta de derechos fundamentales, para atender los intereses y la ambición de una minoría privilegiada.
Las reformas promovidas por el neoliberalismo han desmantelado los pilares fundamentales de nuestra Constitución: la propiedad originaria de la nación sobre los recursos del subsuelo; la rectoría económica y las responsabilidades sociales del Estado, así como los derechos sociales de los mexicanos: el derecho agrario y el derecho laboral.
Por ejemplo, los cambios promovidos al artículo 27 en 1992, como condición para la firma del TLC, eliminaron el carácter inalienable de las tierras de ejidos y comunidades, buscando su privatización; y posteriormente, la reforma energética, legalizó el despojo de las tierras para la explotación de hidrocarburos y otros recursos naturales, bajo eufemismos como la “ocupación temporal” o la servidumbre de paso. Al igual, la reforma laboral desmanteló los derechos de los trabajadores establecidos en el artículo 123, a la estabilidad y permanencia en el empleo, a una jornada laboral de ocho horas, al pago de un salario remunerador, al desregular la relación entre patrones y trabajadores, permitiendo la contratación por hora, día, semana o mes, a prueba o para capacitación, así como la subcontratación.
Nuestra Carta Magna ha dejado de ser un instrumento de emancipación social, para convertirse en un instrumento de dominación al servicio de una minoría invisible que no rinde cuentas a nadie. El pacto fundacional de 1917 ya no existe. Las reformas, aprobadas a lo largo de tres décadas de dogmatismo neoliberal, han borrado las reminiscencias de los legados más valiosos de la Revolución Mexicana.
El país necesita de una nueva Constitución. México no se encontrará a sí mismo mientras no inicie una reflexión nacional en la cual imaginemos colectivamente el país que queremos. No se trata de una visión nostálgica ni se pretende volver al texto original de 1917, sino se trata de recuperar su esencia social y libertaria, asumiendo los desafíos y realidades del siglo XXI.
Senador de la República
