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Concluyeron las audiencias públicas convocadas por el Congreso de la Unión para debatir las alternativas para regular la marihuana. En éstas se manifestaron de manera libre y fundamentada las diversas opiniones sobre el uso y manejo de las drogas que existe en nuestra sociedad.
Una primera conclusión, que se desprende de las posiciones presentadas, es que la política prohibicionista ha fracasado en su propósito de contener la producción y el consumo de drogas, toda vez que se ha incrementado la producción y se ha diversificado el tipo de drogas que se consumen en todo el mundo, al tiempo que se ha incrementado el consumo y los precios en el mercado ilícito han disminuido.
Por otra parte, se ha criminalizado y estigmatizado a los consumidores. El endurecimiento de las penas ha saturado las cárceles del país de jóvenes y mujeres cuya condición económica —a diferencia del crimen organizado— les impide comprar su libertad, por posesión de pequeñas cantidades e incluso por consumo de drogas, cuando éste no está penado por la ley. En tanto que el mercado ilícito se ha convertido en una muy rentable plataforma que ha permitido el empoderamiento de la delincuencia organizada, la cual ha diversificado sus actividades delictivas, fortaleciendo su poder económico, patrimonial y de fuego, mismo que ha hundido al país en un baño de sangre y violencia.
Reconocer esta situación implica asumir la necesidad de establecer una nueva política de drogas, en la que más allá de nuestras convicciones ideológicas, religiosas, filosóficas o morales, debe prevalecer el interés público.
Ahora bien, en la definición de qué tipo de política se necesita, se evaluaron escenarios que van desde quienes insistieron en mantener la política prohibicionista hasta quienes plantearon la apertura indiscriminada. Ante estos extremos, la propuesta que puede permitir un acuerdo reside en establecer una regulación clara y aplicable bajo el control de Estado, que deje atrás el enfoque criminal de la política prohibicionista, para asumir este asunto como un tema de salud pública y de derechos humanos.
Parece existir amplio consenso en torno a la regulación de la marihuana con fines medicinales y de investigación científica; en la revisión de las penas por posesión, portación y del gramaje permitido para consumo, tanto de la cannabis como de otras drogas, como la cocaína; en la necesidad de promover campañas de prevención e información respecto a los daños que ocasionan las drogas (incluido alcohol y tabaco) y contra la estigmatización y discriminación de los usuarios, así como el fortalecimiento de las políticas públicas para el tratamiento de adicciones. Sin embargo, prevalecen resistencias de algunos de los participantes en estas audiencias, incluidos algunos servidores públicos, para asumir este asunto también desde el enfoque de derechos humanos y del derecho al libre desarrollo de la personalidad, y con ello regular los procesos de producción para autoconsumo o la conformación de clubes de usuarios.
Independientemente de las resoluciones de la Corte, que permitieron importar medicamentos derivados de cannabis para el tratamiento de la niña Grace Elizalde, y el amparo que otorgó a diversas personas para producir marihuana para su consumo, es necesario advertir que la nueva política de drogas debe tener un carácter integral y debe soportarse en dos pilares: el de la salud pública y el de los derechos humanos.
Reducir la nueva política al enfoque de salud pública —aunque permitir la producción con fines medicinales e incluso de opiáceos paliativos contra el dolor represente un avance—, haciendo a un lado el derecho al libre desarrollo de la personalidad, no resolverá el problema de fondo, pues excluir este derecho implica mantener la existencia del mercado ilícito de drogas que continuará alentando la formación de grupos delictivos, la violencia y los problemas sociales asociados.
En el momento en que Canadá y EU permiten el uso de la marihuana con fines recreativos, resulta inaceptable posponer esta decisión o hacer reformas a cuentagotas. Es momento de acabar con ambigüedades y reconocer la mayoría de edad de los mexicanos para decidir sobre sus hábitos y forma de vida sin la tutela del Estado en su vida privada.
Senador de la República
