El cobarde asesinato de la presidenta municipal de Temixco, Morelos, Gisela Mota, a escasas horas de haber asumido su encargo, ha puesto en evidencia el nivel de violencia e inseguridad que prevalece en esa entidad, que sistemáticamente se pretende minimizar.
De acuerdo con la Fiscalía General del estado, en los primeros once meses de 2015, los homicidios se incrementaron 7% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que significa que, en promedio, fueron asesinadas más de 40 personas al mes en dicho estado.
Al mismo tiempo, este hecho condenable ha dado visibilidad a la presencia de grupos delictivos que se disputan el control de la entidad, así como del nivel de confrontación del gobernador Graco Ramírez con algunos de los alcaldes entrantes, particularmente con el de Cuernavaca, así como a la inconformidad de la sociedad que no vacila en calificar la estrategia de combate a la delincuencia como “palos de ciego”.
La confrontación con el alcalde de Cuernavaca —quien se negó a suscribir el convenio de Mando Único— ha llegado al extremo, primero, de que la Comisión de Seguridad de Morelos desarmara a la policía municipal y retirara patrullas y equipos destinados a la protección de los habitantes de la capital del estado, y posteriormente a que el gobernador hiciera una delicada acusación respecto a que detrás de Cuauhtémoc Blanco, hay gente interesada en que los grupos criminales vuelvan a tomar el control de la plaza, señalando al titular de la policía municipal, Carlos de la Rosa Segura; al secretario del ayuntamiento, Roberto Yáñez Moreno; al diputado local, Julio Yáñez Moreno, y a Federico Figueroa, hermano del fallecido cantante Joan Sebastian, quienes presumiblemente, dijo, tienen vínculos con el cártel Guerreros Unidos.
Ramírez Abreu afirmó además, que el crimen de la alcaldesa de Temixco fue ordenado por Santiago Mazari, El Carrete, y que se han abierto diversas líneas de investigación sobre este crimen, que incluyen al círculo político y familiar de la víctima, al ex presidente municipal Miguel Colín y a la suplente de la alcaldesa, Irma Camacho, ambos cercanos al senador Fidel Demédicis, quien junto con otros perredistas han exigido su renuncia.
Para enrarecer más el clima político en Morelos, el pasado 3 de enero, en contravención a lo dispuesto por la Constitución Política del país, que confiere al municipio las tareas de seguridad pública, el Ejecutivo estatal, alegando la negativa de las nuevas autoridades municipales para ratificar el convenio de Mando Único, emitió sendos decretos mediante los cuales el gobernador del estado asume de manera inmediata y temporal, el mando policial en 15 municipios de Morelos, “como un caso de fuerza mayor ante las alteraciones graves al orden público suscitadas a recientes fechas”, respecto a lo cual, con la modestia que lo caracteriza y en un desplante propio del bonapartismo, el gobernador declaró: “El Mando Único lo empecé sin permiso de nadie”.
El bonapartismo, de acuerdo con Rodrigo Borja, se entiende como el gobierno autoritario que surge en circunstancias de desorden social y de pugna de poderes, cuando el parlamento queda subordinado al Ejecutivo, y su titular asume facultades extraordinarias para imponer el orden y promover después su legitimación. Su antecedente histórico fue el golpe de Estado promovido por Luis Bonaparte en 1851, que disolvió la Asamblea Nacional, detuvo a los dirigentes de los partidos de oposición y convocó un plebiscito para “legitimar” el restablecimiento del imperio y proclamarse emperador. Napoleón le petit, lo llamó Víctor Hugo; “el hombre más insignificante del mundo, acompañado de soldados descontentos”, lo llamó Marx en El XVIII Brumario de Luis Bonaparte.
Más allá del recuento de agravios, lo cierto es que ni la soberbia del Ejecutivo local ni la intransigencia de su contraparte municipal, van a superar la inseguridad y la presencia de grupos delictivos en el estado. Se requiere la coordinación y colaboración entre los diferentes órdenes de gobierno y actuar con seriedad. Si se tienen pruebas de vínculos de alguna autoridad con el crimen, es inaceptable hacer una denuncia pública sin proceder legalmente, como lo es también el uso político de los cuerpos de seguridad y de los recursos asignados para la seguridad de los ciudadanos por diferendos entre autoridades. Lo que pone en entredicho el Mando Único, pues demuestra, como he sostenido, que el que tiene el mando manda.
Senador de la República
