De honrarse la palabra empeñada, horas después de que este artículo sea publicado, el Senado de la República habrá aprobado la reforma política que dota de autonomía política a la ciudad de México.
Con ello se cierra un intenso proceso que a lo largo de dos siglos —desde los debates que en 1824 dieron lugar a la primera Constitución política del México independiente, que creó al Distrito Federal a partir de un perímetro de dos leguas a la redonda del zócalo capitalino—, negó a los habitantes y autoridades de la capital de la República, sede de los poderes federales, gozar de autonomía política y del mismo régimen de derechos y obligaciones que rige a los estados de la Federación.
Después de tres años de discusión, la reforma transforma la naturaleza jurídica del Distrito Federal para crear una nueva entidad federativa que se denominará Ciudad de México, la cual podrá establecer su propia Constitución, lo que permitirá consolidar el régimen de derechos y garantías civiles alcanzados en la Ciudad, manteniendo la coexistencia de los órdenes federal y local en un mismo territorio.
La reforma representa el establecimiento de poderes bajo el mismo régimen de responsabilidades que rige a los estados de la Unión, convirtiendo a la Ciudad de México en una entidad federativa con facultades para resolver lo concerniente a su gobierno interior y a su organización política y administrativa, bajo la forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico.
El Poder Ejecutivo local se depositará en el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien tendrá a su cargo el mando de las instituciones de seguridad y procuración de justicia y contará con la facultad para nombrar y remover libremente a sus titulares.
La administración pública de la entidad mantendrá su carácter unitario en la hacienda y en su régimen patrimonial, a la que se sumará un fondo de capitalidad para apoyar a la Ciudad en su calidad de sede de los poderes federales.
El Poder Legislativo residirá en un órgano colegiado integrado bajo los principios de mayoría relativa y representación proporcional, y se democratizarán sus órganos de gobierno, dotándolo de nuevas atribuciones, como la revisión de la cuenta pública a través de una entidad con autonomía técnica y de gestión.
El Poder Judicial lo integrará el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezcan la Constitución local, garantizando la independencia de magistrados y jueces, así como la carrera judicial.
La Ciudad se integrará por alcaldías, cuyo número, delimitación territorial y denominación, serán establecidos en la Constitución capitalina, y se conformarán por un alcalde y entre 10 y 15 concejales electos por el principio de mayoría relativa y representación proporcional. El alcalde asumirá la administración pública de la demarcación y los Concejos aprobarán el prepuesto de egresos, supervisarán y evaluarán las acciones de gobierno y controlarán el ejercicio del gasto público, el que se integrará por las participaciones federales, el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa y los ingresos derivados de los servicios que preste la Alcaldía.
Se crea el Consejo de Desarrollo Metropolitano, el que tendrá atribuciones en materia de asentamientos humanos, protección al ambiente, transporte, tránsito, agua potable y drenaje, gestión de residuos sólidos, y seguridad pública, y establecerá las acciones de coordinación para la operación y funcionamiento de obras y servicios metropolitanos.
Si bien el tema que sigue causando desazón pública es la integración de la Asamblea Constituyente por la designación de 40 de sus 100 integrantes por el Congreso de la Unión y los Ejecutivos federal y local, cuando todos los constituyentes deberían ser electos por los ciudadanos; el alcance de esta reforma supera las iniciativas presentadas durante los últimos quince años.
Se trata de una reforma al Estado, que implicará la revisión de nuestro federalismo y del agotado régimen municipal, que abrirá cauce a nuevas modalidades de gobierno en el ámbito metropolitano. Esperemos que esta reforma no descarrile cuando discurra por los congresos locales.
Senador de la República
