Se cumple el tercer año de gobierno y el sexenio prácticamente ha concluido.
Para quienes viven en el ensueño del pasado, la segunda mitad de la gestión representaba el momento de mayor fortaleza del presidente en turno y el momento de consolidar las acciones y obras gubernamentales, ven con preocupación y añoranza, cómo las calificaciones de Enrique Peña Nieto registran los niveles más bajos en la percepción de los ciudadanos, desde que se realizan encuestas de opinión, al tiempo que todos los indicadores de gobernabilidad ratifican esa desaprobación.
No he de detenerme en ello hoy, basta con referir que la violencia continúa al alza, los homicidios cometidos a octubre del presente año, suman 52 mil 910, que representan el 75% de los cometidos en los seis años de la administración de Felipe Calderón, y que la peor de las violencias, la pobreza y la desigualdad, ha sumado a más de dos millones de mexicanos a sus filas.
Ello ha generado inquietud en el núcleo gobernante, el que lejos de asumir sus yerros y rectificar el rumbo, recurre, ante su propia debilidad, al endurecimiento y el discurso autoritario. Ahí están las declaraciones del secretario de Gobernación durante la firma del convenio de mando y policía únicos en Michoacán amagando a los gobernadores que no suscriban dicho convenio con que no contarán con los recursos y el apoyo del gobierno federal (cuando los recursos son de la Federación, no del gobierno federal y cuando el combate a los delitos federales le corresponde), o las declaraciones recurrentes del secretario de Educación Pública, quien afirma que cuenta con los elementos de seguridad pública suficientes para garantizar la evaluación educativa, cuando se va a evaluar a los maestros no a la policía.
La debilidad del presidente ha adelantado la sucesión y con ello la manifestación abierta de distintos actores políticos respecto a su interés para contender por la Presidencia de la República, la cual ha alcanzado también a los miembros del gabinete y a algunos gobernadores del partido oficial, lo que profundizará sus contradicciones y desarticulación y con ello, la falta de resultados.
Esta debilidad ha traído consigo también la tentación para adoptar medidas regresivas al desarrollo democrático del país. El gobierno de Peña Nieto muestra un verdadero pavor por la democracia, como lo demuestran los intentos por limitar las candidaturas independientes en varios estados, que la Corte afortunadamente ha atajado; el intento por limitar los derechos y libertades políticas de quienes se posicionan hacia la candidatura presidencial, alegando actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos o sobreexposición en los medios aprovechando un supuesto vacío en la ley, ocultando el derroche desproporcionado de recursos en la propaganda del Ejecutivo federal, quien tan solo en 2014 gastó 7 mil 52 millones de pesos en su promoción, lo que contrasta con los 120.9 millones de pesos que recibió Morena este año para financiar el conjunto de sus actividades; y finalmente, bajo la mascarada de un discurso de austeridad y la indignación ciudadana ante el descrédito de las instituciones públicas, se pretende disminuir el número de diputados y senadores, y con ello regresar a los tiempo de la sobrerrepresentación y la cláusula de gobernabilidad.
Al llegar a la segunda mitad de su mandato, Peña Nieto se encuentra desgastado, con un bajo índice de credibilidad y sin claridad en la conducción del país, alimentando la tentación de mantener su gestión a partir de actos de autoridad mas no de la legitimidad que sólo puede brindar la atención de las aspiraciones y causas de los gobernados.
Senador de la República
