El Estado mexicano atraviesa por una profunda crisis. A la corrupción y la impunidad imperantes, se suman las incapacidades del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos. La estrategia contra la inseguridad iniciada con la llamada “guerra contra la delincuencia organizada” durante el gobierno de Calderón no ha cambiado, y lejos de contener al crimen, éste ha fortalecido su presencia territorial, diversificado sus actividades delictivas, y con ello su poder económico y corruptor, que ha alcanzado a las instituciones públicas y a los partidos políticos. Los niveles de violencia son una realidad que, pese a los intentos gubernamentales, no se puede soslayar
Al igual que la estrategia para combatir al crimen, la política prohibicionista en materia de drogas ha fracasado. El consumo de drogas se ha incrementado y se realiza a más temprana edad.
Ante estos fracasos es necesario rectificar el rumbo y dar lugar a un nuevo paradigma: la despenalización y regulación de algunas drogas.
La legislación mexicana —en especial el Código Penal que data de 1984— penaliza el cultivo, el transporte, el tráfico, el comercio y el suministro de drogas, sin embargo no penaliza el consumo. Durante los últimos años se han endurecido las penas, e incluso conculcado derechos y libertades con tipos penales como el arraigo, que permite la privación de la libertad bajo la “presunción” de haber cometido algún delito.
El gobierno actual ha mantenido una posición ambigua al respecto. Si bien Peña Nieto ha sido enfático contra cualquier tipo de regulación, diversos funcionarios de su gobierno han planteado abrir el debate e incluso la posibilidad de despenalizar el cannabis.
Quizá esta ambigüedad deriva de los resultados de algunas encuestas que señalan que sólo 37 por ciento de la población en México aprueba la despenalización de la mariguana y únicamente 32 por ciento avaló los cambios realizados en Uruguay.
Desde la década pasada, diversas organizaciones sociales acompañadas por las fuerzas progresistas han promovido distintas iniciativas de ley para dar un enfoque distinto al prohibicionista, asumiendo la política de drogas como un asunto de salud pública. Se ha planteado despenalizar los usos médicos, industriales y recreativos del cannabis, y regular la producción de opiáceos con fines médicos y hasta por razones humanitarias, ya que en nuestro país 80 por ciento de las personas con enfermedades terminales como cáncer o VIH, carecen de paliativos efectivos contra el dolor que les ayuden a dignificar su muerte.
Se requiere una nueva política de Estado que atienda las causas y no sólo los efectos, los problemas estructurales de la pobreza y la desigualdad, y aliente la organización y participación ciudadana. Es necesario recuperar la presencia del Estado y el control territorial perdido ante los grupos delictivos, especialmente en las zonas rurales donde el combate a los grupos delictivos se ha ensañado con los campesinos productores, y si bien es indispensable fortalecer los cuerpos policiacos, los sistemas de inteligencia e investigación policial, la creación de las policías especializadas y policías de cercanía, y establecer penas sustitutivas de prisión, preservando los derechos humanos de las víctimas del delito, se requiere superar el esquema punitivo.
Informar sobre los riesgos del consumo de drogas, acabar con la estigmatización de quienes consumen o son víctimas de alguna adicción, reconociendo el derecho al libre albedrío de los ciudadanos para decidir sobre sus hábitos privados y forma de vida, y así como hoy se regula el consumo del alcohol y la nicotina, es necesario hacer lo propio con el cannabis y otras drogas.
Es momento de dejar atrás la política prohibicionista, la sobre penalización y criminalización de los usuarios de drogas. El Estado debe regular el mercado de las drogas, eliminar el lucro y las enormes ganancias del mercado ilícito, garantizar la seguridad y la convivencia en la sociedad, manteniendo márgenes elementales de gobernanza democrática.
Senador de la República
