Como afirmara Luis Hernández Navarro: “México se ha convertido en un país de nota roja. No es asunto de percepción. Es una cuestión de hechos. La violencia se ha extendido hasta niveles inusitados y atraviesa todos los sectores sociales. Hampa, política y mundo empresarial se han entremezclado de manera espectacular.”
Primero de manera subrepticia y actualmente con toda estridencia, la política se ha envuelto en la violencia, alcanzando una de sus más devastadoras expresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos que han cuestionado la corrupción e impunidad en que se bate un amplio sector de la clase política en el submundo del poder.
La ejecución sumaria del periodista Rubén Espinosa Becerril, de Nadia Vera Pérez, activista de derechos humanos, quienes fueron amenazados, hostigados y, prácticamente expulsados por el gobierno de Javier Duarte del estado de Veracruz, junto con Yesenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Marín y Alejandra Negrete Avilés, dan cuenta de la profunda degradación de la política nacional.
Eran del dominio público las amenazas contra Rubén Espinosa y Nadia Vera, así como el clima de persecución que obligó a Rubén a desplazarse a la ciudad de México, a la que consideró un lugar seguro, en la cual, a pesar de las denuncias públicas, las autoridades no aplicaron las medidas precautorias para salvaguardar su seguridad y evitar este acto de barbarie.
Son inadmisibles las declaraciones del procurador de Justicia del Distrito Federal, respecto a que las víctimas celebraban una fiesta; que el móvil del homicidio fue el robo a casa habitación, cuando las víctimas fueron torturadas, violadas y ejecutadas sumariamente. Que Rubén Espinosa se había mudado a la ciudad de México en busca de empleo y, peor aún, que se está trabajando de manera coordinada con el gobierno de Veracruz —el principal sospechoso— en las diligencias para esclarecer estos crímenes.
Es imprescindible el esclarecimiento de las ejecuciones en la colonia Narvarte, sin inventar coartadas ni chivos expiatorios. Ello implica reconocer que el gobierno de Veracruz fue al menos omiso al no haber garantizado las medidas para salvaguardar la integridad de Rubén Espinosa. Por el contrario, mantuvo un gran recelo hacia su persona.
No se puede soslayar que dos de las víctimas: Rubén y Nadia, fueron amenazadas por motivos políticos en el estado de Veracruz, lo que configura un patrón de intimidación, persecución y homicidio.
A la indignación social que ha levantado estos homicidios, se responde con un discurso irresponsable que pretende minimizar los hechos y desacreditar a las víctimas, cuando lo que se exige son resultados fiables.
Con lo sucedido, el DF deja de ser el espacio de “asilo interno” en que se había constituido ante la inseguridad en el país, generando una percepción de inseguridad e incertidumbre en los capitalinos que habían diferenciado la situación de la ciudad de México del derrumbe de la política de seguridad en el resto del país.
Estos crímenes no pueden quedar impunes. En su esclarecimiento están en juego tanto la dignidad humana como la libertad de expresión. En México las agresiones a la prensa se han incrementado en un 40% de 2014 a la fecha. De acuerdo con el documento Más violencia, más silencio de Artículo 19, organización que promueve el derecho a la libertad de expresión e información, las agresiones contra los periodistas en 2014 sumaron 326 agresiones, mientras que en el primer semestre de 2015 alcanzaron 227. Cifras superiores a las registradas entre 2006 y 2012, cuando el promedio anual de agresiones a la prensa fue de 182.
El Estado debe salvaguardar la integridad de los ciudadanos, el ejercicio irrestricto del periodismo y la libertad de expresión, condiciones básicas de toda democracia. ¡Ni una víctima más!
Senador de la República
