Su profundidad y longitud es ilimitada. Por él se han fugado, lo mismo gobernadores que con documentos apócrifos suplantan a los Congresos locales para endeudar a sus entidades y desviar recursos públicos a sus cuentas personales; gobernantes corruptos que reprimen, abusan de su autoridad y violan derechos humanos; dirigentes de partidos políticos que promueven candidatos provenientes del crimen organizado o empresarios que otorgan dádivas a cambio de contratos onerosos y leoninos para el erario público.
El túnel por el que presuntamente escapó Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, alcanzó apenas un kilómetro y medio de longitud y hasta 30 metros de profundidad, pero ha puesto en evidencia la corrupción y vulnerabilidad de las instituciones públicas y la vasta red de complicidades con la que la delincuencia organizada se ha apropiado del Estado mexicano.
La información disponible sobre esta fuga da cuenta de la magnitud de este problema:
El penal de “máxima seguridad” del Altiplano, del que se aseguraba era un penal inexpugnable, se edificó sin cumplir las especificaciones mínimas de seguridad, las cuales establecen la obligación de construir muros y pisos de al menos un metro de espesor de concreto armado, instalando además placas de acero, como se hizo en 1901 en Lecumberri. El piso de la celda de Guzmán Loera, así como el de los ductos de las instalaciones sanitarias, cuentan con un espesor de apenas seis centímetros de cemento y alambrón.
Los sistemas de videovigilancia son obsoletos y operan con dificultad. Hay laxitud en el cumplimiento de las normas, por ejemplo, me tocó observar desde una de sus cámaras la salida por la aduana de vehículos de una camioneta de redilas que no pasó por la fosa de inspección. Más aún, el sistema de detección de movimientos en el subsuelo no funciona o fue desconectado deliberadamente, desde hace varios años.
Los reglamentos y protocolos de actuación se han relajado sensiblemente. La visita familiar se redujo de cada quince días a cada nueve días. No hay límite a las audiencias con los abogados de los internos, quienes se acompañan la mayor parte de las veces, de amparos dictados por jueces.
Ello permitió al Chapo Guzmán, quien enfrenta 10 procesos, recibir durante su estancia de menos de 17 meses en el penal (474 días), recibir a sus abogados en 272 ocasiones, a los que se suman 46 visitas conyugales y 68 visitas familiares, entre las que se encuentra la diputada local del PAN en Sinaloa, Lucero Sánchez López, quien con documentos falsos suplantó su identidad e ingresó sin restricción alguna. Así El Chapo mantuvo contacto con el exterior durante 386 días, el 81% de su encierro.
De acuerdo con la información oficial, del momento en que se perdió de vista al interno en su celda (20:52 horas) al momento en que se confirma la fuga y entra personal de custodia al túnel (21:35 horas) transcurrieron al menos 46 minutos, suficientes para que El Chapo, utilizando la motocicleta adaptada sobre rieles, recorriera el túnel en 9 minutos (a 10 kms/hora), cambiara de ropas y se evadiera sin dificultad.
El fracaso o colusión de los órganos de inteligencia del Estado son inminentes. Falló la cámara de vigilancia del Cisen instalada en el propio penal, así como la cámara espejo en la sede de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, pero en particular el monitoreo al grupo delictivo encabezado por Guzmán y de sus visitas recurrentes, y especialmente fue omiso en el seguimiento de su modus operandi, caracterizado por la construcción de túneles de las mismas características para el trasiego de drogas en la frontera con Estados Unidos y en sus casas de seguridad. Siguiendo el sentido común popular, hubiese bastado con ubicar al señor Guzmán en un primer piso para que no se fugara.
El túnel construido para liberar a Guzmán Loera, representa apenas un pequeño segmento de un laberinto de túneles y vericuetos que la corrupción y la impunidad han edificado en lo más profundo de la fontanería del poder, cimentado en el actuar de autoridades en todos los órdenes, ministerios públicos, jueces, ministros, magistrados y empresarios corruptos, coludidos con una clase política que ha abdicado de la ética y de sus deberes al colocar sus intereses por encima del interés público.
Senador de la República
