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La mayor sorpresa que arrojan las elecciones del 7 de junio, es el tono festivo con que asumen sus resultados los diferentes actores políticos. Peña Nieto se siente con un ánimo renovado “por el respaldo logrado al proyecto que estamos impulsando” y por el voto obtenido por sus aliados políticos. Lorenzo Córdova asume que “los comicios del 7 de junio ratificaron las apuesta de los mexicanos por un país plural y a decidir en paz”. Hasta los dirigentes del PRD, al eludir su revés electoral, buscan minimizar el daño causado por Morena restando peras con manzanas, al comparar la votación obtenida por el nuevo partido con los votos obtenidos por las coaliciones electorales de 2006 y 2012 que postularon a López Obrador en una elección presidencial.
Si bien los comicios trajeron consigo resultados que impactarán la vida política nacional y superaron las expectativas de participación ciudadana y disminución del número de votos nulos, no es posible perderse en el laberinto del triunfalismo oficial que elude los graves problemas que acompañaron este proceso.
Las elecciones no se desarrollaron en un marco de normalidad democrática. A la violencia de la delincuencia organizada se sumó la violencia durante la campaña que arrojó un total de 28 candidatos y dirigentes asesinados en 12 estados del país, a los que se sumaron 16 muertos en un enfrentamiento en Acapulco el día previo a la elección; tres asesinatos durante la jornada electoral (Antonio Vivar en Tlapa, José Alfredo Jiménez en Oaxaca, y Carlos García, en Puebla) y el asesinato de Francisco López Liborio, en Iguala. La quema de casillas en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y posteriormente en el Estado de México, no sólo se minimiza sino que resurge el México mágico, como ocurrió en Tehuantepec y en el Distrito XI de Pinotepa Nacional, Oaxaca, donde se incendiaron 103 casillas que posteriormente aparecieron computadas en favor del PRI; o en el Estado de México, donde desaparecieron más de un millón de votos, pues de acuerdo con los resultados del INE participaron 5.6 millones de electores en la elección de diputados federales, en tanto que para el IEEM, en la elección de diputados locales, participaron sólo 4.3 millones de electores, que sufragaron en la misma casilla. Pero la violencia y otros incidentes son para estos actores políticos, un daño colateral.
El viejo sistema de partidos sufrió una fuerte sacudida rompiendo la preponderancia de tres partidos y los candados favorables a perpetuar a sus burocracias. Pese a que la votación entre 2009 y 2015 se incrementó en 2.5 millones de votos, el PRI perdió 1.2 millones de votos y el PAN 1.3 millones. Con ello la concentración de votos en los tres principales partidos cayó del 77% en 2009 al 61% en 2015.
Un comportamiento especial se presentó en las zonas metropolitanas donde se registró la mayor libertad del voto, en especial de jóvenes y sectores medios de la población, que favorecieron el triunfo del primer candidato independiente a gobernador en Nuevo León; el de Movimiento Ciudadano en la zona metropolitana de Guadalajara —lo que contribuyó a triplicar su votación—, y la emergencia de Morena en el Distrito Federal, donde las encuestas se colapsaron, quedando demostrado que no se puede inventar la realidad.
Si bien el PRI y sus aliados electorales tendrán mayoría simple en la Cámara de Diputados, y sus aliados del Pacto por México dotarán a Peña Nieto de una cómoda mayoría calificada, estas elecciones no pueden asumirse como un plebiscito al actual gobierno, ya que el factor determinante lo conformaron los procesos locales, en los que concurrieron por primera vez candidatos independientes, los que llegaron para quedarse.
Aún no concluye el proceso electoral. Faltan etapas importantes en manos del Tribunal Electoral. Por lo pronto el INE queda a deber en su desempeño ante la impunidad que otorgó al PVEM y en la contradicción de criterios de interpretación y adopción de resoluciones con los órganos locales. Nada cambió. Las impugnaciones ante el TEPJF pueden determinar el registro del PT o modificar los resultados en alguna gubernatura o delegación política, aunque no hay que generar falsas expectativas respecto a que el Tribunal asuma sanear la elección.
Senador de la República
