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Al Presidente se le ve mañana, tarde y noche en anuncios de radio, televisión, redes sociales, entrevistas.
Está concentrado en la propaganda-mensaje del 5to Informe de Gobierno.
Le quedan diez meses antes de las elecciones. Echará la carne al asador (como lo hizo en Edomex) para tratar de mejorar su imagen y dejar en puestos clave a quienes le aseguren un futuro sin turbulencias.
No sé con qué mensaje se quede la ciudadanía después de estos días de bombardeo publicitario. Pero sé cuáles son los temas que perseguirán a EPN toda la vida: Ayotzinapa y la Casa Blanca.
No porque sean los únicos, sino porque son emblemáticos de la corrupción e impunidad del sexenio.
Y justo esta semana, Tomás Zerón de Lucio, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y ex director de la Agencia de Investigación Criminal, apareció para reivindicar la “verdad histórica”.
Lo ha hecho durante las dos últimas visitas del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa.
En esta ocasión, salió después de que la comisionada Troitiño reiteró que la versión oficial carece de solidez. Y luego de que la PGR anunció que, finalmente, retomará algunas de las recomendaciones de los expertos internacionales. No le importó destruir lo acordado con los familiares de los normalistas.
La propia Procuraduría tuvo que emitir un boletín para matizar las declaraciones.
Por su parte, la CIDH reiteró que la difusión de la hipótesis del basurero de Cocula pone en riesgo la búsqueda de la verdad y la justicia.
He comentado que las historias macabras de esta administración se entrelazan.
El mismo Zerón de Lucio es quien aparece en los contratos del malware Pegasus, con el que se espió a defensores de derechos humanos y a periodistas, precisamente varios de quienes realizaron el reportaje de La Casa Blanca de Peña Nieto.
Adquirió este software israelí a través de un intermediario, Grupo Tech Bull SA de CV. Resulta que esa empresa apenas se constituyó en 2015. Como lo dio a conocer Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sus dueños viven en zonas populares en barrancas en la Ciudad de México y dicen no haber recibido dinero alguno de los 32 millones de dólares que costó el software.
Para complicar la trama, el primer domicilio de Tech Bull corresponde a oficinas virtuales donde también estaban inscritas dos empresas fantasma de Javier Duarte.
¿Y las autoridades? Ni siquiera la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión ha pedido los contratos firmados por Zerón.
¿Por qué tanto cobijo?
¿Qué le debe el Ejecutivo federal a su subalterno?
¿Le augura Zerón a su jefe un futuro sin turbulencias?
Porque en el presente, flaco favor le hace al salir a defender la desacreditada “verdad histórica” en horas donde Peña es la estrella de los spots.
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