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La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Madeline Otálora, advirtió que la corrupción genera desconfianza en la democracia, porque las instituciones, partidos y candidatos están llamados “a escuchar el clamor social de combatir y sancionar” esas conductas y no sólo mediante palabras.
“Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción no pueden ser sólo un juego de palabras, sino fuente de fortaleza y prestigio institucional, indispensables en la renovación pacífica del poder político”, dijo.
Otálora demandó por ello, incluso a integrantes del Tribunal, tener “todos presente que el combate a la corrupción da certeza, solidez y futuro a la democracia”.
En el curso de Control Interno 2018, ante la titular de la Función Pública, Arely Gómez, y el consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, la magistrada afirmó que en este momento histórico la sociedad exige —con toda razón— transparencia y rendición de cuentas en el uso y destino de los recursos públicos.
“La corrupción es un cáncer social que agravia a la ciudadanía, frena el desarrollo nacional y genera desconfianza no sólo hacia las instituciones sino incluso, y es lo más grave, respecto a la democracia como sistema de gobierno. La corrupción es un problema que no distingue niveles de gobierno, zonas geográficas, ni preferencias partidistas”.
La Encuesta Nacional de calidad e Impacto Gubernamental 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a nivel nacional indica que 91% de los encuestados considera que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en su entidad federativa.
“En el Índice de Percepción de Corrupción 2017 de Transparencia Internacional, México obtuvo una calificación de 29 en una escala donde cero se considera muy corrupto y 100 muy limpio y esto nos ubica en la posición 135 de 180 países”, estableció para plantear que, por tanto, “el combate a la corrupción se ha convertido en una exigencia ciudadana que no admite demora”.
La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez dijo que el Sistema Nacional Anticorrupción permitirá atajar el fenómeno de la corrupción, que no sólo afecta al desempeño de las instituciones sino su credibilidad.
Estableció que será indispensable una correcta implementación y que los integrantes de los Tres Poderes de la Unión se capaciten.
“Que adquieran los conocimientos y habilidades pertinentes para garantizar el funcionamiento efectivo de cada uno de los engranajes que abonan a la lucha contra la corrupción y a la consolidación de la integridad como principio toral del servicio público”, sostuvo al plantear la razón de ser del curso.
Rumbo al 1 de julio no descartan judicialización. En tanto, el magistrado José Luis Vargas Valdez se reunió ayer con los integrantes de la Misión de Acompañamiento Técnico del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA International, por sus siglas en inglés) para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, en donde aseguró que el tribunal está listo para enfrentar la judicialización del proceso.
Es previsible porque habrá actores políticos que “buscarán ganar en los tribunales lo que no ganaron en las urnas”, planteó.
La nulidad de toda elección, debe ser siempre la última opción, dijo.
En el encuentro, la directora del Programa de IDEA en Paraguay, Lourdes González Prieto, recordó que ésta es la segunda visita que realizan a nuestro país y que han podido ubicar sus principales retos, fortalezas y debilidades.
Los integrantes de IDEA, Carina Perelli y Carlos Valenzuela destacaron que en México, Estado y ciudadanía han perfeccionado el andamiaje electoral para dotar de confianza los procesos.
