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La medida adoptada ayer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ordenar la destitución del delegado en Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, no hace más que refrendar el sistema de contrapesos que debe existir en cualquier democracia. Ningún servidor público, en especial aquellos que fueron electos por el voto popular, debe olvidar que su desempeño está regido por la ley, la cual deben aplicar y acatar.
En el caso en cuestión, la Suprema Corte resolvió también consignar ante un juez de distrito de Procesos Penales al delegado y a su antecesor, el primero en incumplir la sentencia de septiembre de 2014 que dio la razón a cuatro trabajadores en su demanda contra la delegación.
El fallo emitido desde hace tres años ordenaba la expedición de nombramientos a los quejosos, realizar ajustes a sus salarios y aguinaldos, así como dotarlos de herramientas para su labor; únicamente se exigía el cumplimiento de sus derechos. ¿Cuál fue el argumento para desechar la sentencia del tribunal? ¿Se ignoraba el alcance de la ley? ¿O se desestimó? La Constitución es clara sobre las consecuencias para aquel funcionario que incumple alguna resolución judicial.
Entre la clase política se dieron de inmediato acusaciones de “exceso” por parte del máximo tribunal, en lugar de comprender que los fallos de la Corte son inapelables, y que ocurren luego de que se recorrieron varias instancias. Algunos partidos cuestionaron la decisión al señalar que está por encima de la democracia, pero no hay nada más democrático que un sistema político con contrapesos efectivos. Ese tipo de expresiones se acercan más a actitudes totalitarias.
A pesar del fallo no puede decirse que la justicia esté cumpliendo a cabalidad con las demandas de la población. La impartición de justicia aún es considerada lenta y sólo para quien tiene la capacidad económica de resistir el tiempo que toman los procesos. La ONU ha señalado un caso emblemático de un mexicano que lleva 15 años preso sin que aún se le dicte sentencia y, en promedio, cuatro de cada 10 personas en las cárceles aún no han sido sentenciadas.
Es deseable que la resolución de la Corte sea un indicador de que poco a poco el Estado de Derecho se afianza y de que la ley está para cumplirse, no para ser evadida. Es tan poco común que se aplique la ley que cuando ocurre se levantan sospechas en muchos sectores.
Con decisiones como la de ayer la Corte abre una ventana de confianza para refrendar su imparcialidad e independencia, así como su compromiso con la ley y los derechos humanos. Que nadie lo malinterprete. Es parte de la democracia.
