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Es imposible prometer el perdón a nombre de terceras personas. Andrés Manuel López Obrador dice que no es un hombre rencoroso, pero él no es el único mexicano que carga con agravios en contra del gobierno saliente y, por tanto, no importa cuánto quiera hacer o deshacer, una vez que ocupe la silla presidencial, que los reclamos y las demandas de justicia harán pronta y tremenda erupción.
Apenas ayer el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua, cuando el priista Cesar Duarte era gobernador, esquilmó a cientos de funcionarios públicos con reducciones a su salario para financiar al Revolucionario Institucional.
La investigación del INE no podría haber llegado a buen puerto sin las delaciones que comenzaron a fluir después de la estrepitosa derrota del PRI. Éste es solo un botón de muestra de lo que podría esperarse: una vez que se debiliten los controles sobre el poder que todavía ejerce Enrique Peña Nieto, las acusaciones en contra de su gobierno, en contra de sus principales aliados, serán avalancha.
Ni Andrés Manuel López Obrador, con todo y su imbatible popularidad, podrá oponerse a lo que viene. Los expedientes más tetanizantes de la actual administración aguardan para emerger con potencia: Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, Nochixtlán, Casa Blanca, Seguritech, Iusa, Nutriwell, Higa, OHL, Odebrecht, por mencionar solo algunos, son asuntos con muchas ganas de alcanzar la superficie.
Un síntoma del pánico que recorre los pasillos de la administración saliente son los más de cien recursos que distintas dependencias del gobierno federal presentaron en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado que ordenó la creación de una comisión independiente para investigar el caso Ayotzinapa.
Ayer también, mientras el INE confirmaba las trapacerías de Duarte, el magistrado Sabino Pérez García, azuzado por el titiritero de siempre, combatió la decisión del colegiado afirmando que la comisión investigadora era materialmente improcedente. Pérez García quedará como uno de los últimos integrantes del Poder Judicial Federal que haya intentado salvar lo insalvable.
La investigación sobre los normalistas desaparecidos fue un desastre porque así se decidió desde Los Pinos. Tal desaseo no tuvo como autor al caos, sino a responsables de carne y hueso que, rebasando sus facultades, terminaron protegiendo a los culpables y evitaron que se hiciera justicia.
No solo Tomás Zerón, nefasto director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), tendría que enfrentar consecuencias por sus actos, también los mandos militares del Batallón número 27, así como las autoridades estatales responsables de la seguridad y la procuración de justicia.
En política, el orden de los factores sí altera el producto: AMLO arrasó en las urnas porque fue el candidato mejor situado para aprovechar la ola de repudio al gobierno saliente; con habilidad supo capitalizar la caída de un presidente, Enrique Peña Nieto, que se retirará con menos del 20% de aprobación.
Sin embargo, AMLO cometería un error grave si intentara convertirse en obstáculo para que esa ola reviente en las playas de la justicia. Los agravios son tantos que no es posible pretender amnesia, ni a su prima hermana: la amnistía.
Tal y como sucedió con el caso Chihuahua y el INE, tal y como el Tribunal Colegiado hizo con el caso Ayotzinapa, así veremos transitar, por las vías institucionales, los agravios y los reclamos que antes erosionaron la estima por el gobierno que parte.
ZOOM: López Obrador engañó con la verdad cuando dijo que no era un hombre rencoroso, porque lo hizo conjugando en primera persona del singular; en la realidad él no podrá frenar a ese inmenso nosotros que quiere ver culpables frente a cada arbitrariedad cometida y cada macro negocio corrompido.
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